El exsecretario de Obras Públicas José López, a quien la Justicia le concedió la excarcelación ayer, buscará recuperar su libertad sin pagar la caución de 85 millones de pesos que se le impuso. A través de su defensora oficial, Pamela Bisserier, el exfuncionario kirchnerista le pedirá al Tribunal Oral Federal 1 que lo condenó por enriquecimiento ilícito ser excarcelado bajo caución juratoria, es decir, bajo palabra.
Ya fue excarcelado así (con caución bajo palabra) en el caso delos cuadernos de las coimas, en el que declaró como arrepentido, y por el que se convirtió en testigo protegido.
Pero los jueces del Tribunal Federal Oral 1, cuando escribieron el fallo que le otorgó la libertad condicional en la causa por enriquecimiento ilícito por haber cumplido dos tercios de su condena, ya rechazaron esa posibilidad.
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En el fallo que le concedió la excarcelación, firmado por los jueces Antonio Michilini, Ricardo Basílico y Adrián Grunberg, los dos primeros enfatizaron sobre el monto de caución a pagar.
Los jueces dijeron que, por el delito económico investigado (enriquecimiento ilícito) la caución real de 85 millones de pesos impuesta sobre López era “la más adecuada”.
“Es la única caución que efectivamente –atendiendo a las particulares circunstancias del presente caso- puede funcionar como un disuasivo para que el encartado López no intente eludir el accionar de la justicia”, consideró Michilini en su voto.
El juez Basílico, que se opuso a otorgarle la excarcelación a López pero aún así debió pronunciarse sobre la caución, también dijo que no correspondía fijar una caución juratoria. “La imposición de una caución personal o juratoria resultaría insuficiente a los fines pretendidos”, escribió en su voto.
El juez Grunberg, en su voto, había dicho que no correspondía imponerle caución alguna.
La ubicación de López será un enigma después de su excarcelación, porque se encuentra dentro del Programa de Testigos Protegidos e Imputados Colaboradores del Ministerio de Justicia de la Nación.
López está condenado a siete años y seis meses de prisión y permanece detenido desde la madrugada del 16 de junio de 2016, cuando fue sorprendido en la puerta de un convento en General Rodríguez en momentos en que intentaba esconder bolsos con 9 millones de dólares.
El exfuncionario fue beneficiado con la aplicación del régimen de estímulo educativo con una reducción de dos meses en el plazo temporal de su tránsito por el régimen penitenciario. Por eso es que el cómputo de la pena le permite llegar a los dos tercios para acceder a su libertad anticipada.
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