Medio siglo de cárcel: jura que es inocente y que se llama igual que el verdadero culpable

“¿Qué decía cuando se enteró que tenía pedido de captura por el ataque a la comisaría? Se reía, no lo podía creer”. El que habla es Maxdonio Rodríguez, y se refiere a su hijo, Sebastián Ariel Rodríguez (42), uno de los condenados a 50 años por el copamiento a la comisaría 1° de San Justo, en la que un grupo de delincuentes se tiroteó con cuatro policías y dejó parapléjica a una oficial.

El fin era liberar a Leandro David Aranda, uno de los detenidos. Fue en abril de 2018.

Una semana después del hecho, agentes de la DDI de La Matanza allanaron la ex vivienda de Rodríguez, ubicada en el barrio Cildañez, sobre la calle White. El resultado fue negativo. A Rodríguez lo encontrarían 48 horas más tarde, en las inmediaciones de su ex casa: llevaba cerca de dos años en situación de calle.

​Por su adicción al paco, terminó viviendo en un auto abandonado. Y le pidió a un conocido suyo una carpa. Le mintió: dijo querer irse a pescar, pero la usó para improvisar “su casa”, en medio de “una ranchada”. Frente a un alambrado, en Mozart y Dellepiane. A metros de la villa.

“No, señor. Es imposible que mi hijo haya estado en la comisaría”, agrega su padre, todavía indignado. “Mi hijo vivía con una bolsa de colostomía. Casi no podía correr, ni agacharse (según la Justicia, Rodríguez sería el que escapó corriendo hacia la plaza de San Justo). Yo lo iba a visitar a su ‘ranchada’ y le llevaba Coca Cola, agua, artículos de tocador. Un carnicero le regalaba algo de carne, un panadero pan, los vecinos lo invitaban a tomar mate. Es verdad que tiene antecedentes, pero son de antes. En la situación que estaba solo robaba a su mamá. Le sacaba tuppers que cambiaba por paco”.

“En la investigación policial hay un audio en el que una persona se presenta como ‘Seba’. Y se supone que por ‘averiguaciones encubiertas’ determinan que la persona que buscaban se llamaba Sebastián Rodríguez”, sostiene Fernando Sicilia, abogado del condenado y de su familia. Y agrega: “Mi defendido es un homónimo de la persona que buscaban. Durante el jucio escuchamos los audios de los dos Rodríguez. Las voces son muy distintas. Pero así y todo, lo condenaron igual. Al otro Rodríguez le dicen ‘Uruguayo’. Mi defendido es argentino”.

Maxdonio y Sicilia hablan sobre la investigación propia que hicieron por intermedio de un familiar: ubicaron la casa del “Uruguayo”, en Lomas del Mirador, y presentaron una foto en la fiscalía. Además, aseguraron que el Rodríguez que sigue libre, o tal vez detenido por otro delito, se había mudado a la villa Las Antenas, del mismo barrio.

​El abogado continúa con las pruebas a favor de su defendido. Dice que durante el juicio, Aranda, quien sería jefe de la banda, declaró que en la sala había inocentes: “Sebastián Rodríguez, Bruno Postigo Marullo y Daniel Rodríguez no tendrían que estar acá”, dijo. Los dos últimos fueron absueltos. Y Gonzalo D’Angelo, uno de los pilotos de la banda, juró que fue a la comisaría obligado. Que a Sebastián Rodríguez lo amenazo con un arma para que lo hiciera. Pero cuando le preguntaron si el Rodríguez al que se refería se encontraba presente en la sala, respondió que no. Las edades difieren. Mientras la mayoría de la banda tiene menos de 24 años, Rodríguez tiene 42. 

En su contra está la declaración y el reconocimiento de un testigo. Dijo haber estado esperando el colectivo a cien metros de la comisaría, cuando una persona llegó corriendo, le habló y se quedó a su lado a esperar un colectivo. En el lugar en cuestión, pasan el 406 y el 55. El testigo aseguró haber ido cuando llegó el 406, y que quien sería Rodríguez, se quedó esperando el 55. La familia de Rodríguez dice que no puede ser. Según la lógica que plantean, “alguien que escapa de la Policía se subiría a cualquiera colectivo”.

El testigo también aseguró ver cómo la persona de la que habla descartó un arma. La misma fue hallada, y tendría manchas biológicas. Nunca fue peritada. Rodríguez sería el que ingresó con una herramienta conocida como “cortacadena”. 

Lucas, hermano de Sebastián, comenta: “El día del hecho, mi hermano estuvo en su ‘ranchada’. Yo fui hasta ese lugar y encontré un domo. Si pedían las imágenes podrían comprobar que mi hermano estaba en Lugano”. El defensor también habla de imágenes no solicitadas: “La supuesta parada de colectivos está frente a un banco. Con ese material se podría verificar si mi defendido estuvo ahí o no”.

La historia que terminaría con el copamiento a la comisaría había comenzado un año antes. Según pudo reconstruir Clarín a partir de una recorrida por la villa Cildañez, Leandro Aranda tenía una “entrega”: debía ingresar a una casa y robar 90 kilos de cocaína y 500 mil pesos. La noche en la que ejecutaría el robo, se le ocurrió buscar una barreta. Como era tarde y las ferreterías estaban cerradas, buscó a un ladrón del barrio, llamado Nicolás Ojeda. Le preguntó si tenía la herramienta y la pregunta fue “¿qué vas a hacer?”. Ojeda escuchó el plan. Y se sumó. A pesar de que los rumores de que Aranda trabajaba en complicidad con la Policía eran vox populi en la villa.

La trama nacería cuando alguien habló y el secreto dejó de ser secreto: el dueño de la casa, que decía no ser el dueño de la droga, se contactó con Aranda. El que le había facilitado la llave era el sobrino del dueño de la casa. Por más que habían roto la cerradura con la barreta, ya todo el barrio sabía que un tal “Nico” era el entregador. Y por él, llegaron a Aranda. ​

En una reunión en el patio de comidas de un shopping, se pusieron de acuerdo: los ladrones entregarían lo que les quedaba del botín. El dueño de la casa transmitió la orden del narcotraficante dueño del dinero y la droga: tenían que hacer la devolución en las próximas 72 horas. ​

Nicolás Ojeda se había mudado al Conurbano. Acababa de comprar una casa en Isidro Casanova. Aranda pasó por allí y retiró su parte. Pero cuando se reencontró con el representante del narcotraficante, cambió de opinión. Al mejor estilo de las series de Netflix, traicionó a su compañero: “Ojeda no les quiere devolver nada. Acá está mi parte”, les juró. Y para que le creyeran, les propuso matar a su propio compañero. ​

El 25 de agosto de 2017, cumplió su parte: Ojeda fue acribillado a metros de su vivienda de La Matanza. Según un testigo, la víctima alcanzó a decir “¿Por qué me hacés esto?”, antes de que le dispararan. Aranda se escondió por un tiempo. Lo buscaba la Justicia y los compañeros de Ojeda y una buena parte de la delincuencia de villa Cildañez. Querían vengarlo. Intramuros, también lo esperaban: los presos que habían cumplido condena con Ojeda buscaban lo mismo.

Cayó el 18 de abril de 2018. Y fue trasladado a la comisaría de San Justo. Desde ese momento, pensó en la fuga: creía que si lo trasladaban a una cárcel, lo asesinarían. El 30 de abril, a las 5:05 AM, cuatro personas entraron armadas a la comisaría. Dispararon, hirieron a la oficial Rocío Villarreal y escaparon, sin llegar a rescatar a Aranda, que hoy se encuentra detenido “bajo resguardo físico”.    

El viernes pasado se conocieron las sentencias: Aranda recibió 50 años. Zahira Bustamante, su pareja, cumplirá la misma pena, tal como Sebastián Rodríguez y Tomás Sosa. Gonzalo D’Angelo, quien habría conducido uno de los dos autos en los que llegaron a la comisaría, pasará 8 años en prisión. La última condenada es Leticia Tortosa, abogada de Aranda. La acusan de haberle ingresado un celular a su cliente, con el que se habría comunicado con sus cómplices. Le dieron tres años. El Tribunal, además, absolvió a Daniel Alberto Rodríguez y Bruno Damián Postigo Marullo. Uno de los detenidos por el caso apareció ahorcado en su celda de la Unidad 3 de San Nicolás.

La familia Rodríguez muestra la pieza que construyeron para Sebastián durante las últimas semanas. Estaban convencidos de que lo absolverían en el juicio. “Va a ser abuelo y quería venir a vivir con su hija y la bebé. Lo seguimos esperando, aunque si el principal acusado dijo que mi hijo es inocente y lo condenaron igual, sabemos que va a ser difícil”, concluye su padre.  

“Tiene la cabeza quemada por el paco”, dice Lucas, su hermano. “Nadie puede creer que por la forma que vivía se lo condene por semejante delito”. Y cierra con un episodio que le contó su hermano. Cuando lo detuvieron e ingresó a la DDI de La Matanza, un policía le tiró un balde lleno de orina. Los agentes que vieron la situación, se rieron. Y otro, comentó: “¿Qué festejan? Si ustedes saben que agarraron a un perejil”. 

GL

Fuente Clarin