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Con el país sumergido en la angustia y la incertidumbre por la segunda ola de coronavirus, al presidente Alberto Fernández se le abrió otra oportunidad para recuperar la centralidad y aferrarse al timón de mando, como lo hizo en 2020. A diferencia de los primeros meses como principal gestor de la pandemia, las decisiones más relevantes, como el endurecimiento de las restricciones a circular y la suspensión de las clases presenciales en el AMBA, fueron esta vez tomadas en soledad, de manera unilateral e inflexible. Cae ahora en él el peso total de la responsabilidad.
Experimenta Fernández esta nueva forma de ejercer el poder con los gobernadores insubordinados y los sindicatos molestos y preocupados. No es un dato menor: se trata de dos vigas que sostienen su proyecto desde que Cristina Kirchner lo ungió como su candidato para desbancar a Mauricio Macri. El Presidente suele recostarse en los caciques provinciales peronistas y en la CGT como contrapeso de La Cámpora, según lo graficaron alguna vez un mandatario del norte y un dirigente gremial de su máxima confianza.
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La relación con los gobernadores comenzó a agrietarse cuando el Presidente advirtió cierto relajamiento con el avance de la peste y el promedio diario de los contagios cruzó el peligroso umbral de los 25.000. Exigió mayores controles y suplicó que se tomaran medidas restrictivas en caso de que el drama sanitario lo amerite. El malestar presidencial ante la pasividad sería tanto con gobernadores e intendentes aliados como con opositores.
Antes de este cortocircuito había salido a la superficie el tironeo por la compra de vacunas. De un día a otro, Santiago Cafiero habilitó el campanazo de largada para que las provincias y los privados salieran al mercado en la difícil búsqueda de más dosis. El mensaje del jefe de Gabinete se interpretó como un pedido de ayuda ante la impericia negociadora del Estado nacional. Ayer, el Presidente sobrevoló el tema con bronca.
Un reciente estudio de Poliarquía advirtió que la aprobación social de la gestión de Fernández crece de manera significativa entre aquellos que recibieron al menos una dosis de la vacuna. El dato puede resultar clave rumbo a las elecciones de este año, que el Gobierno aspira a postergar un mes para minimizar riesgos de contagios y dar tiempo a que avance el plan de vacunación. La política especula entre la vida y la muerte.
La angustiante espera de las vacunas deja al confinamiento como un atajo probable para evitar una catástrofe. En el Gobierno confían en que a partir del mes próximo dejarán de llegar vacunas en dosis homeopáticas de Rusia y China, y desembarcarán por fin de a millones, sobre todo las de AstraZeneca, que estarían demoradas en México. Son por ahora deseos. Ni Carla Vizzotti tiene precisiones.
El control de la calle
El reclamo por las vacunas agitó el conflicto social y encendió una alarma en el Gobierno por el control de la calle. “Con hambre y sin vacunas, no hay cuarentena. Se viene la segunda ola de lucha”, desafía la izquierda trotskista. La masiva protesta del Polo Obrero y los movimientos sociales no kirchneristas de la semana pasada fue mucho más que un foco ávido para los contagios de Covid. Generó un tembladeral interno en la variopinta estructura oficialista que convive en el Ministerio de Desarrollo Social bajo el ala de Daniel Arroyo. Se debate desde antes de aquella movilización la liberación de 60 millones de pesos en alimentos y vacunar a unos 1500 referentes de los comedores comunitarios del conurbano. La negociación está aún abierta. El Presidente dijo alguna vez que el virus no elige, que impacta por igual en ricos y pobres. Por ahora los únicos con acceso privilegiado a las dosis fueron los vacunados vip, muchos de ellos pertenecientes a la casta política, sindical y al empresariado amigo del poder.
Dependerá quizás de esta pulseada con los movimientos sociales la magnitud de una marcha convocada al Ministerio de Trabajo para el 27 del mes en curso para exigir un salario mínimo de 60.000 pesos. Es decir, elevarlo casi un 200 por ciento. La pauta del salario mínimo, que es hoy de $21.600, impacta directamente en los planes sociales. La mitad del monto del sueldo básico representa el salario social complementario, previsto en la ley de emergencia social.
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La urgencia de estas demandas está de alguna manera vinculada a las crecientes protestas que se expanden por el interior. El conflicto de mayor visibilidad e impacto económico fue el de los trabajadores de la salud de Neuquén, que cortaron las rutas de acceso a los yacimientos gasíferos. Los sanitaristas neuquinos se rebelaron al acuerdo salarial que pactó ATE con el Estado provincial. Es irónico que en pandemia el ajuste se dé en médicos y auxiliares que están en la línea de fuego. Este argumento pesó para destrabar la paritaria vencida del poderoso Sindicato de la Sanidad, que encabeza Héctor Daer, el jefe de la CGT y un aliado del Presidente.
Prohibición de despidos
Daer y una comitiva de dirigentes de la CGT serán recibidos por el Presidente en Olivos en los próximos días. Servirá para distender posturas después de algunos cortocircuitos. Al estatal Andrés Rodríguez por ejemplo jamás se lo consultó sobre la vuelta al teletrabajo en la administración pública. A José Luis Lingeri le deben todavía una respuesta para reunirse con Vizzotti y explorar una salida para unas 30 obras sociales que están al borde de la desaparición. La CGT extraña la capacidad resolutiva de Ginés González García. Sobre todo, la celeridad que tenía para destrabar los reintegros. Sin su jefe, Eugenio Zanarini, el titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud, el organismo descentralizado a cargo de controlar a las obras sociales, experimenta la pérdida de influencia al no poder distribuir como antes los $1200 millones mensuales por tratamientos de alta complejidad. Zanarini no goza hoy de la total confianza de Vizzotti, y no sería solo por el sugestivo nombramiento de su hija en un cargo gerencial en Osdepym, una obra social intervenida por irregularidades desde la época macrista.
De la visita a Olivos, la CGT espera llevarse la garantía de que la economía no se detendrá a pesar del pico de contagios. Pero también el compromiso de que las medidas que blindan el empleo, como la prohibición de despidos o las suspensiones con límite de recorte salarial, se extenderán hasta que asome la luz al final del túnel. Hubo gremialistas que ya lo charlaron con Claudio Moroni. El Presidente quizás les pida a los dirigentes sindicales mantener a flote el acuerdo de precios y salarios ante la escalada inflacionaria y el rebrote. Conversaciones dramáticas que devuelven al país al incómodo abismo entre la vida y la economía.
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