El gobierno de la Ciudad acudió hoy viernes a la Justicia, donde jugará su principal carta para impedir el cierre de las escuelas. Se trata de una acción de inconstitucionalidad con un pedido de medida cautelar, según confirmaron fuentes de la gestión porteña a Clarín. Sostienen en el planteo que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó este jueves a última hora el presidente Alberto Fernández, viola “los principios de autonomía” ya que la política educativa “está reservada a las provincias”. Consideran que se trata de una “intromisión” y que se está ante una “normativa irrazonable”.
El Procurador General, Gabriel Astarloa, es el responsable de la letra de la acción judicial que iniciará el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para garantizar la continuidad del ciclo lectivo de manera presencial. Después de la conferencia de prensa que brindó el Jefe de gobierno porteño, donde criticó a Alberto Fernández por las “decisiones inconsultas”, señalando que no había logrado aplicar un verdadero plan de vacunación, los asesores letrados de la Ciudad comenzaron a analizar la situación.
Sin el DNU firmado no se podía avanzar con una respuesta ante la justicia. Con el documento de diez páginas, que se oficializó el jueves pasadas las once de la noche, quedó en claro que la Casa Rosada no iba a dar marcha atrás con la decisión de cerrar las escuelas por quince días.
El DNU 241/2021 detalla los argumentos del presidente Fernández para avanzar con la suspensión de las clases presenciales por quince días. La letra del Decreto sostiene: La “gravedad de la situación epidemiológica” en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) por el “crecimiento exponencial” de casos de coronavirus, y la necesidad de adoptar medidas para disminuir la circulación y el uso del transporte público son los argumentos qeu figuran en el DNU para explicar la decisión de suspender por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)”.
En otro tramo, explicita que si bien reconocen la importancia de la presencialidad en la actividad escolar, “la situación epidemiológica en el AMBA demuestra una gravedad que exige la adopción de medidas inmediatas para disminuir la circulación de las personas, con el fin de disminuir, también, la velocidad en el crecimiento de los contagios”.
El gobierno de la Ciudad sostiene que la medida se tomó “sin datos científicos ni rigurosos”, que tanto la UNICEF como estudios diversos “corroboraron que la escuela es un lugar seguro, con un bajo índice de contagio y que contribuye a la detección temprana”, explicaron a Clarín fuentes porteñas.
Por ese motivo, la Justicia será la próxima instancia. Se trata de una acción de inconstitucionalidad con un pedido de medida cautelar. Uno de los ejes centrales del planteo invoca el principio de autonomía garantizado por la Constitución Nacional, donde las provincias se reservaron en la última reforma de la Carta magna, la gestión y administración de la Educación.
Con ese argumento, la Ciudad entiende que lo planteado por el DNU es una “intromisión, y una marcada afectación a la autonomía”. Para sostener esto pusieron un ejemplo: “Es como si el presidente Fernández fuese el Ministro de Educación”. Y critican que la suspensión sólo se enfoque en el AMBA, “siendo esto una bajada de línea, sin consenso ni mucho menos”, indicaron.
También se considera en la acción judicial que la norma publicada en el Boletín Oficial, “es irrazonable y como tal arbitraria” porque “no se tomó la decisión teniendo en cuenta sendos informes científicos, que plantean el bajo nivel de contagio en los establecimientos educativos”. En esta línea, insisten en que el costo de cerrar las escuelas “es aún mayor, porque no se está contemplando el concepto integral de la salud de los niños”.
Fuente Clarin
