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El nuevo juez federal con competencia electoral por la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la designación de seis secretarios y prosecretarios en su juzgado para llevar adelante los próximos comicios en su nuevo distrito.
El magistrado, ex juez federal de Dolores, cercano al Gobierno y parte de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, tendrá a su cargo la supervisión de las próximas elecciones en territorio bonaerense, que representa más del 35% del total de los votos de todo el país.
Sus primeras intervenciones en materia electoral fueron polémicas ya que rechazó un pedido del intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray de suspender las elecciones internas del PJ bonaerense de mayo y rechazó una impugnación del ex presidente Eduardo Duhalde contra la candidatura de Máximo Kirchner a la jefatura partidaria.
Ramos Padilla, de 45 años, hizo el pedido ante el máximo tribunal, que deberá resolver si accede a la designación de esos funcionarios judiciales, de carrera en el sector, pero que son nombrados en su cargo sin concurso de por medio y por relación directa con el responsable del juzgado, que es quien solicita sus nombres.
Además, son cargos que se mantienen en el tiempo, más allá de la elección puntual para la que son designados. En fuentes judiciales se presume que tratará de nombrar a los secretarios que tenía en Dolores que tenían vínculos con el peronismo de Formosa y la comisión provincial de la Memoria.
“Se hace por recomendaciones, con gente que tenga antecedentes para poder cumplir con el cargo, pero por lo general se entrevista a quien viene con el aval de otro”, cuenta una fuente del sector sobre cómo es el procedimiento para designar secretarios en un juzgado, que no concursan como sí lo hacen los jueces de primera instancia o de Cámara.
En ese sentido, la Justicia se diferencia del Ministerio Público Fiscal, al que se ingresa por concurso para todos los escalafones.
En la actualidad, no obstante, el juzgado electoral bonaerense tiene cinco personas en cargos de esa jerarquía, según consta en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral: dos secretarios y tres prosecretarios. Es, debido a su mayor padrón electoral, la provincia que más funcionarios tiene en esos cargos.
Juez de Dolores desde 2011, Ramos Padilla está a cargo del juzgado número 1 de La Plata desde febrero, cuando juró ante las autoridades de la Cámara Federal. Desde ese despacho tiene a su cargo la supervisión de los comicios en la provincia de Buenos Aires. Llegó a ese cargo con el impulso de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por peso específico, en cada elección, es el más trascendente del país, ya que engloba a más de un tercio de todo el padrón nacional. El mismo estaba vacante, y era ocupado interinamente, desde el fallecimiento en 2014 de Manuel Blanco, quien había sido juez electoral desde 1984.
Ramos Padilla es un juez que trabajó con la agrupación Justicia Legítima, la entidad que reúne a los jueces y fiscales enrolados en el kirchnerismo, y es además quien llevó adelante desde Dolores la causa por el espionaje ilegal en la que está procesado el falso abogado Marcelo D’Alessio.
En diciembre pasado, la cámara federal de Mar del Plata redujo de ocho a dos los procesamientos que Ramos Padilla dictó contra el fiscal federal Carlos Stornelli, que investiga a ex funcionarios kirchneristas en el expediente denominado “Los cuadernos de las coimas”.
El tribunal criticó la actuación de Ramos Padilla en el caso, abierto gracias al Operativo Puf, sacó a Stornelli del intento de extorsión al “productor agropecuario jubilado” Pedro Etchebest y lo dejó en dos casos menores que son de acción privada. El caso Etchebest era el corazón de la causa impulsada por el kirchnerismo.
Su designación en el principal juzgado platense de primera instancia fue aprobada por el Senado de la Nación a principios de febrero, por 41 votos a favor y 26 en contra de los legisladores de Juntos por el Cambio.
El pliego del juez recibió objeciones desde la oposición, por ejemplo desde la Coalición Cívica de Elisa Carrió por considerarlo un “juez militante”. En ese momento, desde el oficialismo se salió en su defensa por considerarlo “víctima de una campaña mediática y política de desprestigio”.
Fuente Clarin
