Desde la justicia electoral solicitaron la aplicación de dosis a miles de personas que se verán afectadas en los comicios.
El presidente la Cámara Nacional Electoral ,Santiago Corcuera, solicitó al Ministerio del Interior un listado de los vacunados contra el COVID 19, para poder contar con ellos como posibles autoridades de mesa en los próximos comicios legislativos, que se realizarán, en principio, el 8 de agosto y el 24 de octubre.
“Se solicita que se remita la nómina de personas que se encuentren vacunadas, para priorizar entre ellas la modalidad de designación, y se arbitren los medios para prever que, con anticipación suficiente, se incluya al cronograma de vacunación como personal estratégico esencial a aproximadamente los 200.000 ciudadanos y ciudadanas que serán convocados como autoridades de mesa”, sostiene el extracto principal del texto que firma Corcuera, presidente del tribunal electoral, dirigido a Eduardo de Pedro, ministro del Interior.
No es el primer pedido que realiza la Cámara para que vacunen a su personal o a las autoridades de mesa en un corto plazo, por considerarlo esencial de cara al armado de las próximas elecciones. El cronograma electoral comienza formalmente el 27 de abril y desde el cuerpo judicial se viene reclamando que, como mínimo, se inmunice a unas 500 personas que forman parte del operativo y que son empleados judiciales.
“Resulta vital para la pureza de todo el proceso electoral el adecuado funcionamiento de todas las mesas de votación, lo cual requiere, naturalmente, que sus autoridades cuenten con las garantías mínimas para desempeñar, de modo tutelar, el efectivo ejercicio del derecho constitucional de sufragio”, sostuvo Corcuera en el envío a De Pedro.
Además, expresó que “el Tribunal descuenta que este Ministerio compartirá que la necesidad de inmunizar a las autoridades de mesa contra el Covid-19 lejos está de enmarcarse en una puja sectorial para determinar a qué personas se les otorga prelación en el plan de vacunación”.
Desde el Gobierno por ahora no se han expresado ante los pedidos del sector para ser incluidos dentro de los trabajadores esenciales que necesitan ser vacunados en un corto plazo, teniendo en cuenta la proximidad de las PASO y las generales.
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No obstante, y sobre todo a partir de la decisión de Alberto Fernández de endurecer las medidas de prevención contra el Covid-19 y establecer un toque de queda entre las 20 y las 6, toma fuerza la posibilidad de que, Congreso mediante, el oficialismo avance con un proyecto de ley para postergar las elecciones.
Desde la justicia electoral consideran que los comicios deben hacerse en tiempo y forma, como se han realizado en otros países de la región, como por ejemplo Ecuador y Perú. El presupuesto para la realización de las elecciones es de 17.700 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron poco más del 20% en los primeros cuatro meses.
“Que vengan con la ley que las posterga o las suspenda, y ahí vemos qué hacemos. Hoy las fechas están, y se tienen que cumplir”, comentan fuentes judiciales. Por ahora, el Gobierno no les indicó de manera formal que vaya a modificarse el plan original.
En su reclamo original frente al Ministerio de Salud, la Cámara había solicitado que se vacune entre junio y septiembre a 20.000 agentes que cumplen funciones de delegados de la Justicia Nacional Electoral, al personal de Comando General Electoral, unos 90.000 agentes, al personal del Correo Oficial afectado a la logística del proceso, unas 35.000 personas, y a unos 300.000 que deben desempeñarse como autoridades de mesa en el momento de los comicios.
