Fueron una gran cantidad de amparos presentados por padres reclamando la nulidad del DNU con el que el presidente Alberto Fernández decidió cerrar los colegios. Uno de ellos que patrocinó la Defensoría Oficial fue rechazado por la Justicia el viernes por la noche. Otros dos planteos esperan revertir el cierre de las aulas el día lunes: uno formulado por la ONG Abramos las Escuelas integrados por docentes, y el espacio conocido como Centro de Estudios de Políticas Públicas.
Todos ocurrió en el mismo día. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema de Justicia un amparo para que se deje sin efecto los alcances del DNU 421/2021. La Procuración General de la Nación, a la noche se pronunció al respecto y dijo que el máximo tribunal es competente para resolver el reclamo. Durante todas esas horas, un conjunto de amparos fueron presentándose ante la justicia porteña.
El primer rechazo se conoció durante la tarde del viernes, en el que la jueza en lo Contencioso Administrativo, Romina Tesone, rechazo el pedido formulado entendiendo que la Ciudad acudió directamente a la Corte Suprema para la declaración de inconstitucionalidad del DNU y que buscó en esa instancia, la resolución del conflicto con el Estado nacional.
En ese amparo, la Defensoría Oficial en representación de un conjunto de padres y de estudiantes también, sostuvo que hay una “afectación de manera cierta y actual y con arbitrariedad e ilegitimidad” a los derechos y garantías “de rango constitucional, en particular el acceso al derecho a la educación, cuya garantía la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”.
A raíz de tales argumentos, aquel amparo ya rechazado, había pedido la inmediata suspensión de los efectos del DNU 241/2021, “en cuanto a suspensión de las clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades y las actividades educativas no escolares, y se ordene al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a mantener y garantizar la presencialidad en el acceso a la educación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.
Dos planteos más se encuentran en vías de resolución. En los mismos términos, es decir, con un pedido de suspensión de los alcances del DNU presidencial que cerró las escuelas por el plazo de quince días, un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas, y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas, interpusieron dos amparos.
El viernes por la noche, el juez en lo Contencioso Administrativo, que tenía cargo las presentaciones, Marcelo Segón, se declaró incompetente y envió esos escritos a la jueza Romina Tesone que ya había rechazado horas previas el pedido de los padres representados por la Defensoría Oficial.
Los abogados que representan a estos dos espacios insistieron en que los amparos vuelvan a manos de Segón, temiendo que corran la misma suerte que el pedido de los padres: su rechazo.
Finalmente, el movimiento del expediente indicó que estos últimos amparos volvieron al juzgado a cargo de Marcelo Segón que deberá expedirse respecto a si hace lugar a la apertura de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires el día lunes, o si por el contrario, rechaza el reclamo y convalida la decisión del gobierno nacional de suspender las clases presenciales durante quince días.
La próxima instancia de la que espera una resolución el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, es la Corte Suprema. El amparo que allí se presentó, se basó en tres ejes: la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, -“la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal”; la violación al principio de razonabilidad -“la suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos”- y la violación del principio de supremacía federal, según el cual “se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino”.
Fuente Clarin
