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Después del dictamen de la fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Karina Cicero, la Sala IV resolvió en igual sentido: garantizar en la Ciudad de Buenos Aires las clases presenciales desde este lunes 19 de abril. Así, se hizo lugar a dos amparos presentados por dos organizaciones no gubernamentales que nuclean a padres, que pidieron suspender el Artículo 2 del DNU firmado por el presidente Alberto Fernández. Se trata de la presentación realizada por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas, y otra del espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.
El planteo central de los amparos que analizó durante la mañana del domingo el Ministerio Público Fiscal y posteriormente, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones, se enfocó en el pedido puntual de la suspensión del Artículo 2 del DNU 241/2021 que firmó Presidente el jueves a la noche. Allí se ordenó el freno por el plazo de quince días de las clases de manera presencial en el AMBA. Puntualmente en Capital Federal esto alcanza 2.359 unidades educativas que nuclean a una población de 600.000 alumnos.
Cuando el reclamo ingresó al fuero contencioso administrativo, fue el juez Marcelo Segón quien consideró que no debía intervenir y pidió que todo sea enviado a su par Romina Tesone que el viernes por la noche, se declaró incompetente para resolver frente al amparo presentado por las Defensorías Oficiales en representación de los padres. Allí se pidió, que se declare la nulidad del DNU y se garanticen las escuelas abiertas.
La magistrada sostuvo que como la Ciudad acudió a la Corte Suprema de Justicia para resolver la inconstitucionalidad del Decreto, no tenía que expedirse sobre el amparo presentado por los padres, ya que se debía aguardar la resolución del Máximo tribunal. Ese mismo criterio quiso seguir el juez Segón, pero los dos amparos volvieron a su juzgado y llegaron a la Cámara de Apelaciones.
Después de este recorrido administrativo, los camaristas Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini, pidieron la opinión del Ministerio Público Fiscal dirigido por Juan Mahiques. Macchiavelli es la hermana de Eduardo, secretario de Ambiente porteño y mano derecha de Rodríguez Larreta en el armado político nacional.
Antes del fallo que habilitó ahora l vuelta a clases, la fiscal Cicero habpia sostenido: “Entiendo que correspondería hacer lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio, y disponer que la continuidad de la educación presencial en los establecimientos educativos de la CABA a partir del próximo 19 de abril”.
Los integrantes de la Sala IV, fueron quienes finalmente, tuvieron la palabra final y al analizar los amparos que avaló la representante del Ministerio Público Fiscal, fallaron bajo el mismo criterio.
La fiscal había indicado que la decisión sobre las medidas cautelares impuestas en la justicia porteña, podrían producir “graves consecuencias para el grupo afectado”, una afectación que “es académica, social, relacional y madurativa con especial mirada en los sectores más desfavoarecidos donde la escuela cumple una función de contención social 3)”.
En este sentido, recordó que los estudiantes “vienen de un año completo en donde su concurrencia a las aulas ha sido prácticamente nula. La educación virtual mitiga pero no soluciona la falta de presencialidad escolar”.
En otro orden, la fiscal Cicero remarcó que el Estado nacional tomó la decisión de suspender por quince días las clases presenciales en el AMBA, con “escasa información presentada sobre la incidencia que supondría la presencialidad escolar y el consecuente uso de los medios de transporte y sus acompañantes en el crecimiento de personas infectadas por COVID”.
Fuente Clarin
