La Resolución 60 del Ministerio de Agricultura publicada ayer en el Boletín Oficial desató nuevamente la inquietud del sector agropecuario y agroindustrial. Con la normativa, que no establece normas concretas pero sí una serie de considerandos y principios generales, revivió el fantasma de las restricciones y trabas a la exportación de productos del campo. Entre los fundamentos que dan lugar a la amenaza de volver a la exigencia de permisos de exportación, como los ROE (Registro Oficial de Exportación) creados por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, se plantea que existen distorsiones, competencia desleal, evasión de impuestos o en la liquidación de divisas, involucrando a las distintas cadenas del sector.
De inmediato se conoció la reacción de las cuatro cadenas que reúnen a todos los actores importantes de la actividad agrícola: ACSOJA, MAIZAR, ARGEN TRIGO y ASAGIR. En conjunto, y a pesar de que la cosecha es bastante inferior a la del año pasado por falta de lluvias oportunas, permitirán un ingreso de más de US$30 mil millones. En un comunicado conjunto, remarcaron que “con la experiencia vivida en el pasado, estamos convencidos de que la reaparición de estos controles redundantes y burocráticos al comercio agropecuario, solo generarán la caída de la producción y el arribo de operaciones encubiertas, tal como sucedió con las producciones de trigo, maíz y carnes”.
La normativa establece que quienes quieran exportar deberán presentar una serie de requisitos inéditos, desde una programación de las ventas con un año de anticipación, hasta los números de cuentas de los bancos a través de los cuales se ingresarán las divisas. En los principales rubros agrícolas, estas medidas parecen innecesarias y redundantes, ya que en general las empresas exportadoras no están integradas verticalmente. En consecuencia, deben adquirir la mercadería que luego procesan y embarcan, con lo que no existe el problema de la falta de liquidación de las divisas. Los exportadores tienen que traer dólares, y venderlos al tipo de cambio oficial, para hacerse de los pesos con los que abonan la mercadería a sus proveedores, los productores del campo.
La presunta subfacturación, cuyo telón de fondo es el desdoblamiento cambiario, es una enorme tentación y estimula la aparición de operadores marginales. En el comercio de granos y sus derivados, es un viejo fantasma que se resolvió hace muchos años con el simple expediente de fijar precios índice oficiales. El Ministerio de Agricultura tiene una oficina que se ocupa de esto. Como existen los derechos de exportación, estos se establecen a partir del precio oficial, que por otro lado casi siempre está por encima de las cotizaciones reales con las que se opera en el mercado. Así que por el lado de los rubros agrícolas la normativa planteada no tiene ni sentido ni impacto.
Donde la cuestión es más delicada es en el siempre controvertido y heterogéneo sector de las carnes. En los últimos tiempos han proliferado nuevos actores, despertando sospechas e incluso la reacción de empresarios que empezaron a remarcar irregularidades. El consorcio ABC, que representa a los principales frigoríficos exportadores, alertó sobre esta operatoria, planteando que era difícil competir con el poder de compra de ganado por parte de exportadores que adquirían la hacienda, la hacían faenar en algún frigorífico y luego exportaban la carne. Pero declarando precios inferiores, con lo que solo traían una parte de los dólares cobrados en el negocio. Esto fue creciendo, al amparo de la creciente demanda china, con lo que se exportaron muchos cortes que en condiciones normales deberían haber abastecido al mercado interno.
Hace unos días para frenar esta operatoria, el MinAgro estableció también valores mínimos por corte, sin duda un atenuante. Pero ahora la Res 60 abre un juego que parece ir mucho más allá de la simple intención de evitar maniobras distorsivas. En el agro, esto se vive como un amargo “dejà vu”, justo en el momento en que más necesarias son las divisas que puede seguir generando.
Fuente Clarin
