A dos meses del escándalo, el Gobierno sigue sin explicarle a la Justicia su criterio para vacunar a funcionarios “estratégicos”

La consulta se remitió a los tres poderes del Estado. En base a la resolución del Gobierno que determinaba que las vacunas iban a aplicar a “personal esencial” y a “personal estratégico”, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) buscó determinar quiénes son esos trabajadores estratégicos, y bajo tal categoría cuántos fueron vacunados hasta el momento. La respuesta llegó la última semana: nadie recibió ningún tipo de protocolo para vacunación.

¿Quiénes son los trabajadores estratégicos? ¿Cómo los jerarquiza el Gobierno? De ese universo, ¿cuántos recibieron vacunas y cuál fue el criterio aplicado? Son sólo algunas preguntas de la PIA, que instruye una investigación preliminar sobre el presunto circuito de vacunas de privilegios para políticos, dirigentes, sindicalistas y familiares allegados al poder.

La denominación de “estratégico” quedó en medio de la polémica porque fue el término utilizado por funcionarios del Gobierno para justificar la vacunación de -entre otros- Carlos Zannini, quien no cumplía con el requisito de edad de entonces para recibir la dosis. Lo usó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero para defender también la vacunación de la esposa del procurador del Tesoro.

Desde el organismo que dirige Sergio Rodriguez se remitieron oficios a todos los poderes del Estado, para que informen si recibieron alguna notificación por parte de la Casa Rosada explicando quiénes son considerados trabajadores estratégicos, quiénes fueron vacunados dentro de cada estamento. Más específicamente, el planteo se dirigió “a la cabeza de cada uno de los poderes”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

La PIA ya recibió un listado de más de un millón de personas que fueron inoculadas desde que inició el plan de vacunación. La ventana de investigación es desde el 29 de diciembre al 23 de febrero. Ahora iniciaron la ardua tarea de cruzar los datos de esa lista con las fechas, lugares de vacunación y las guías de aplicación, entre otras variables contempladas.

En el marco de su investigación, que podría derivar en una denuncia penal contra el Estado, la PIA se enfocó en un tema central: determinar quiénes dentro de los tres poderes del Estado fueron inoculados, y cuáles entendió el Gobierno que eran sus trabajadores estratégicos.

El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial respondieron hace una semana a ese oficio. La respuesta fue negativa. “No hubo notificación alguna”, “No se remitió ningún tipo de protocolo”, “No recibimos nada al respecto”, fueron algunas de las respuestas que recibió la PIA.

La PIA buscaba clarificar también si el Gobierno priorizó a un Poder por sobre otro, y en tal caso cuál fue el criterio para hacerlo, explicaron fuentes judiciales.

“Lo que se deduce es que para el Gobierno el personal estratégico incluye sólo al Ejecutivo“, indicó una fuente del caso, y fue más allá: “Hubo discrecionalidad en la aplicación de la vacuna dentro de dicho ámbito, y no se especificó quién son estratégicos”.

Al ser el Gobierno quien determina la distribución de la vacuna, los investigadores indicaron que eso “termina siendo un agravante, ya que ni siquiera se distribuyó entre otros poderes bajo un criterio preestablecido”.

Se hizo la salvedad de que tanto la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, como el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, sí recibieron la vacuna, “pero nadie más; no hubo presidentes de bloques de otras fuerzas que fueran incluidos, por ejemplo”, señalaron. Al menos no que haya sido informado o haya trascendido.

El expediente de la PIA

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En el dictamen con el que se dio inicio a la investigación en la órbita de la PIA, especializada en delitos vinculados a la administración pública, las autoridades indicaron que los hechos planteados -además de las serias irregularidades que se habrían verificado al disponerse un “vacunatorio VIP” al que se accedía por medio del “contacto” con el ahora ex ministro Ginés González García– “estarían poniendo de manifiesto serios abusos de poder en el cumplimiento de la función pública“. Pero además, los delitos pueden incluir tanto negociaciones incompatibles con la función pública como la malversación de fondos públicos.

En el caso, se señaló que debe investigarse el circuito que habría iniciado en la orden del presidente Alberto Fernández para que Ginés renunciara a su cargo, “a la par de que por diversos trascendidos surgían las versiones de la existencia de una reserva de vacunas (3.000) para ser aplicadas a funcionarios, familiares de funcionarios, celebridades o personalidades destacadas de la vida política, sindical o pública del país, apartándose así de los Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19”.

Fuente Clarin