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Luego de avanzar durante un año bajo el microscopio de los epidemiólogos, la pandemia se encamina a quedar atrapada en la Argentina en los términos de discusión que apasionan a los abogados: el debate por los fueros, las competencias, las jurisdicciones, los acatamientos y las rebeldías sepultó en los últimos días a la terminología médica que ganó fulgor durante todo 2020.
Esta segunda ola del coronavirus será administrada por los tribunales porque el Gobierno nacional decidió romper la conversación con la Ciudad de Buenos Aires para atender de manera lo más urgente posible el pedido del gobernador Axel Kicillof para que se disminuyera la circulación de personas.
En el conurbano bonaerense, luego de las décadas que lleva el Estado retirándose de las áreas más castigadas por la pobreza, la única manera de hacer eso de manera eficiente es cerrar las escuelas. A la vez, el único modo conocido de que esa decisión antipática reduzca su costo político es que la clausura también abarque las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
Esa decisión presidencial no conversada con la oposición generó una consecuencia directa en el paisaje de Juntos por el Cambio: Horacio Rodríguez Larreta se quedó sin herramientas para defender su posición centrista frente a quienes, en su propio espacio, lo castigaban por intentar mantener vías de diálogo con la Casa Rosada.
El jefe de Gobierno decidió resistir los párrafos del decreto presidencial que lo obligaban a cerrar los colegios y en ese momento el diferendo quedó, ya irremediablemente, en manos de los jueces. Lo que se vio esta semana es que Alberto Fernández y Rodríguez Larreta tampoco logran ponerse de acuerdo sobre qué jueces son los que deben desempatar.
Como la hecatombe de la Justicia en la Argentina hizo que la determinación del tablero en la que se juega el partido sea más importante que el desempeño y los argumentos de los jugadores, cada parte optó por un escenario diferente.
La Ciudad presentó su denuncia contra el DNU en la Corte Suprema y luego acató un fallo que le impuso una Cámara porteña, mientras que la Nación optó por considerar al Estado porteño como una entidad subprovincial y litigar en los tribunales federales para poder retrasar la llegada de la pelea a la Corte, donde espera una recepción desfavorable.
La Corte le dio a la Nación cinco días para que presente sus argumentos, pero ahora ese plazo podría estirarse un poco más, ya que la decisión del juez Esteban Furnari de girar la denuncia del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, al máximo tribunal introduce una novedad en el expediente, que deberá ser notificada a las partes y también al Procurador General de la Nación.
¿Cómo seguirá esa pelea? En principio, Rodríguez Larreta decidió mantener las escuelas porteñas abiertas hasta que se pronuncie la Corte Suprema. Para decirlo de otro modo, eligió obedecer el fallo porteño y no la orden del juez federal.
Eso abre un nuevo camino por los tribunales para el jefe de Gobierno, que deberá transitar acompañado por la evolución de los números de la pandemia: si los contagios no escalan, podrá decir que los datos que mostró para justificar su decisión de abrir las escuelas fueron acertados. Si el crecimiento de los casos acelera su ritmo, no tendrá modo de frenar las acusaciones que llegarán desde el Gobierno y desde otros sectores. Ahí, tal vez, sobrevendrá el momento en que los abogados, como ya hicieron los epidemiólogos, dejarán paso a la próxima profesión a la que le toque entender en el manejo de la pandemia. Predecir a qué gremio le tocará el próximo turno es más difícil aún que saber con un día de anticipación si hay que mandar a los chicos a la escuela o no.
Fuente Clarin
