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La Justicia Federal volvió a suspender las clases presenciales en la Ciudad. El juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari aceptó un pedido del Gobierno yresolvió dejar sin efecto la medida cautelar que había dictado la Justicia porteña a favor de clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Dijo que lo hizo para acabar con “la gravedad institucional y el escándalo jurídico” que conllevan la decisión porteña. Furnari hizo lugar al planteo de inhibitoria que presentó el Gobierno y ordenó remitir la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo de Furnari le da al Gobierno un motivo para festejar, pues buscaba exhibir una decisión judicial favorable que opacara la sensación de triunfo del domingo a la noche de Horacio Rodríguez Larreta.
Al mismo tiempo, envía un mensaje a los colegios, que se contrapone con el del domingo -que mandaba a abrir su puertas- y a los padres, que habían llevado a sus hijos a clases presenciales. Apenas se conoció el fallo estallaron ruidosos cacerolazos en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires para protestar por esta decisión judicial.
Furnari se dio el lujo de advertir a los camaristas porteños que actuaba en defensa de la Constitución Nacional, para restablecer el orden público. Escribió que no estaba en su ánimo “generar mayor incertidumbre en la sociedad”, sino “arrojar luz respecto de cuestiones que debieron permanecer al margen de una confusión”, generadas por el fallo porteño que, sostuvo, “receptara apenas el sentir popular de una parte importante de aquella, llevando efímeras expectativas a sus integrantes”.
Dijo que con este fallo pretendía “restablecer el imperio del estado de derecho, y desde allí será trabajo de la comunidad política propender a la revinculación social e institucional que favorezca la regeneración y cohesión del tejido social, dentro de un esquema de cordura y respeto institucional que nunca debió perderse”. Los cacerolazos parecen no darle la razón,
El juez Furnari le dio intervención en el proceso al Estado nacional, que estaba afuera del juicio porteño, y le reconoció su calidad de parte como destinatario de la medida judicial que había suspendido los efectos del decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández.
Al reconocer al Estado nacional como parte, Furnari entendió que la causa es de competencia federal. Sin desconocer que existió una demanda de padres contra el gobierno de la Ciudad, por lo que dijo que la única manera de resolver este asunto era enviando la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene competencia originaria en los casos en que se dirimen conflictos entre la Ciudad y el Estado nacional.
“Encuentro aplicable al caso la aceptada doctrina con arreglo a la cual la única forma de conciliar ese derecho con el derecho del Estado Nacional al fuero federal es mediante la radicación de la causa por ante aquella instancia originaria del cimero tribunal”, dijo. Este mirada se contrapone con la de la Casa Rosada, que no cree que la Corte tenga la competencia originaria en el caso.
El juez analizó que la ley permite dictar medidas cautelares a un juez, aunque no sea competente, pero en los casos en que “la tutela esté llamada a contemplar la situación de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, o cuando se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria, o asimismo cuando la medida esté referida a un derecho de naturaleza ambiental”. Aun en estos casos, el juez debe pronunciarse sobre la cautelar y enviar el caso al juez que es competente.
Furnari se dio el lujo de criticar a los jueces porteños que dictaron la cautelar al sostener que la conclusión del caso “hubiera arrojado un resultado diferente mediando una inicial y prudente meditación por parte de los magistrados en torno a la competencia del Tribunal que integran”.
Dijo que la sentencia de los jueces porteños era arbitraria porque se apartó del procedimiento y porque no solo no justificaron su intervención excepcional, sino porque tampoco se declararon de inmediato incompetentes. “La pretensión llevada a conocimiento de esos jueces fue resuelta con total prescindencia de la norma específicamente aplicable al caso, lo que descalifica su decisión en los términos de la conocida doctrina de la Corte Suprema sobre arbitrariedad de sentencias”, escribió.
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