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Anoche, el gobierno de Horacio Rodríguez Larretaratificó que las clases presenciales se mantendrían en territorio capitalino hasta tener la definición de la Corte Suprema de Justicia al respecto. Lo hicieron a pesar de que unas horas antes, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari declaró la incompetencia de la justicia porteña y dejó entonces sin efecto la medida cautelar para permitir la presencialidad en las aulas, que había sido avalada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad.
Con la tensión entre la Nación y la Capital dirimiéndose en el ámbito judicial, el procurador porteño, Gabriel Astarloa, explicó hoy cuáles fueron los motivos para no retornar a la educación virtual. “No recomendamos al jefe de gobierno que no acate un fallo judicial, porque somos respetuosos de las instituciones y de la legalidad”, aclaró el funcionario para el canal TN y dijo que el proceso que llevó adelante el juez Furnari “está con varias irregularidades” y que la decisión que emitió ayer presenta varios elementos para considerar “que no es un acto jurisdiccional válido”.
Uno a uno, los argumentos de la Ciudad para mantener la presencialidad en las aulas
- LA OBLIGACIÓN DE ACATAR UN FALLO PREVIO
“En este caso, la cuestión no es que el jefe de gobierno no acata un fallo judicial, sino que tiene la obligación de acatar un fallo judicial que había sido dictado en forma previa válidamente”, explicó el procurador, con respecto a la decisión que había tomado la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, el domingo, para permitir la escolaridad en los colegios.
- AGUARDAR QUE DIRIMA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
“Como gobierno de la Ciudad, acudimos a la Corte Suprema de Justicia y tenemos claro que esta discusión la tiene que dirimir la Corte, que fue a quien nosotros concurrimos en primera instancia porque es nuestra competencia originaria”, sostuvo el procurador, sobre la presentación que hizo Rodríguez Larreta para pedir que se declarara inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández, que dispuso la suspensión de las clases presenciales por 15 días en el AMBA desde el lunes pasado.
“Nuestra recomendación fue que, hasta que se defina la Corte, el jefe de gobierno estaba obligado a seguir acatando de modo transitorio un fallo que había sido dictado por la justicia de la Ciudad, no por una acción que promovió el gobierno, sino por una acción que plantearon un grupo de padres y docentes que tenían toda legitimidad para hacer ese planteo dentro de la justicia de la Ciudad”, detalló.
A su vez, confirmó que van a respetar el fallo del máximo tribunal, “cualquiera sea el sentido de esa decisión”, ya que es “la palabra final”.
- UN FALLO QUE NO ES VÁLIDO
La decisión del juez federal Furnari de dejar sin efecto las clases presenciales -como resolución a un planteo de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Carlos Zannini- fue considerada por el procurador Astarloa como dictada “en un proceso que está con varias irregularidades”. Además, destacó: “Hay muchos elementos para considerar que no es un acto jurisdiccional válido”.
Tras las críticas recibidas por parte del oficialismo referidas al accionar de la gestión de la Ciudad, Astarloa expresó: “No se trata de que acatamos el fallo que nos gusta y no obedecemos el que no nos gusta”. Argumentó que el primer fallo, de la justicia porteña, “es un acto válido dentro del ámbito en el que fue dictado”; mientras que el segundo, de la justicia federal, “es un fallo que se pronuncia en exceso de la jurisdicción, que se dicta en un proceso en el cual no se respetan las normas procesales y que se dicta cuando no tenía ni siquiera el expediente a la vista”.
- JURISDICCIONES DISTINTAS – ABUSO DE AUTORIDAD
El procurador porteño dijo: “El juez federal no es superior en grado, ni en ninguna otra forma, a un juez y menos a una Cámara de Apelaciones de la Ciudad. Este fallo, en ese sentido, es un abuso de autoridad porque son jurisdicciones distintas”.
- UNA DECISIÓN “NO RAZONABLE” DEL GOBIERNO NACIONAL
Por último, Astarloa dijo que los funcionarios porteños realizan “todos los esfuerzos para contener la propagación del virus”, con medidas vinculadas al seguimiento “riguroso, metódico y científico” de los datos.
“Cuando se planteó esta discusión [de suspender las clases presenciales] no lo entendimos razonable en función de los datos que teníamos y de la situación. No era razonable afectar un derecho tan importante como la concurrencia de los chicos a clases”, sostuvo el procurador.
En ese sentido, indicó que “no tenía proporción el remedio de suspender todas las clases en la Ciudad frente a la situación que en ese momento existía” y cerró: “Como entendimos que era una medida arbitraria, nos vimos obligados a recurrir a la Justicia por la importancia que tiene la presencialidad de los chicos, que está sujeta a nuestra principal preocupación, que es el cuidado de la salud”.
LA NACION
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