La creciente disputa entre el gobierno nacional y el porteño por la presencialidad en las escuelas sumó este miércoles un nuevo capítulo: es que ahora, en la Ciudad minimizaron el alcance de la carta que los ministerios de Educación y de Justicia le enviaron a las escuelas privadas para instalarlas a que cumplan con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ordenó cerrar las aulas hasta fines de abril por la segunda ola del coronavirus.
“Nación con esta carta hace un llamado de atención pero no tiene jurisdicción para indicar, ordenar ni apercibir en el caso de que no sigan lo que ellos exponen”, remarcó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.
En declaraciones a Radio Con Vos, la funcionaria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta explicó que se comunicaron con los representantes de las cámaras de las escuelas privadas para indicarles esa posición y para que desestimen lo expuesto en la misiva que envió el Gobierno.
“Seguimos sosteniendo la misma postura, que hay un fallo de Cámara local que reconoce la competencia del gobierno de la Ciudad para administrar la política educativa, y el jefe de Gobierno decidió que las clases sigan presenciales y los colegios lo acompañan y comparten”, insistió Acuña.
La funcionaria remarcó que la carta de la Casa Rosada, “más que un llamado de atención, no tiene otro poder sobre las escuelas”.
El pedido del Gobierno nacional
La ministra de Educación porteña se pronunció así sobre la carta que el gobierno nacional le envió a los colegios de gestión privada para que “se garantice la continuidad de la educación no presencial” hasta el 30 de abril por el “crecimiento de la curva de contagios” de coronavirus, que se acentuó “de forma preocupante” y con el objetivo de “resguardar la salud de la comunidad educativa”.
A través de una carta, enviada por los ministerios de Educación y de Justicia y Derechos Humanos a las cámaras que agrupan a los colegios de gestión privada, la Nación ratificó la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/221 e instó a las instituciones a cumplir con esa norma, “de acuerdo con lo dispuesto por la justicia federal”.
En la misiva, el Gobierno solicita que “se garantice la continuidad de la educación no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021, quedando suspendidas hasta esa fecha las clases presenciales”.
“La vocación del Poder Ejecutivo Nacional es acompañar la tarea educativa en este difícil momento en el cual el crecimiento de la curva de contagios por Covid-19 se ha acentuado en forma preocupante, garantizando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y resguardando la salud de la comunidad educativa”, señala el texto.
Además, la Nación argumentó que la resolución judicial dictada el martes por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 2 “dispone dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021” por un “tribunal incompetente de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que permitía la presencialidad en el distrito.
“El accionar de las autoridades del Gobierno de CABA es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia (artículos 239 y 205 del Código Penal, respectivamente); además de las posibles sanciones por el incumplimiento de la medida judicial, lo que expresa la irresponsabilidad política y jurídica a la que han arrastrado a toda la ciudadanía”, se planteó en la carta.
Las asociaciones que nuclean a las escuelas de gestión privada que recibieron la notificación son la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep); Junta Nacional de Enseñanza Privada (Junep); Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (Caiep); y Consejo Superior de la Educación Católica (Consudec).
AFG
Fuente Clarin
