El Frente de Todos impuso su mayoría en la comisión bicameral de Trámite Legislativo y ratificó el decreto del presidente Alberto Fernández que prohibió las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La oposición lo rechazó considerando que es inválido porque “viola las atribuciones del Parlamento y la autonomía de la Ciudad”.
El DNU en cuestión -del 16 de abril- canceló la presencialidad en las escuelas de la Ciudad y el Conurbano; estableció a los locales comerciales que cierren sus puertas a las 19 y restringió la circulación entre las 20 pm y las 6 am.
La Ciudad no lo acató, la pelea se judicializó y ahora se espera que la Corte Suprema se expida.
Mientras tanto, el oficialismo del Congreso se apuró en ratificarlo en la bicameral y el Senado lo llevará al recinto en la próxima sesión. Para ser avalado alcanza con la votación de una de ambas Cámaras, mientras que para derogar un decreto tiene que ser votado por ambas.
La discusión sobre la legalidad del DNU de este viernes en comisión se mezcló con la pelea política de fondo sobre la decisión de suspender la presencialidad.
“Si hay una facultad que es propia de las provincias y define su autonomía es la posibilidad de regular, particularmente, la educación primaria. El Poder Ejecutivo tomó un poder de policía que no le correspondía utilizar. La discriminación es patente y evidente”, afirmó el diputado del PRO, Pablo Tonelli.
A su vez, aseguró que el DNU no está justificado. “Está viciado porque no existió razón alguna que justifique que el Ejecutivo viole las atribuciones del Congreso, que está abierto y funcionando”.
“El incremento en los contagios no daba el tiempo para que lo trate el Congreso”, retrucó la legisladora oficialista Lucía Corpacci, y defendió también al ministro de Educación Nicolás Trotta.
“Lo que dijo Trotta expresa lo que digo: que esto es dinámico. Hoy puedo decir que necesito que los chicos vayan a la escuela y mañana la situación epidemiológica me obliga a decir que tengo que cerrarlas. Nadie lo hace graciosamente”, afirmó.
“A la Ciudad la avasallan y la Constitución Nacional no se interpreta, no es subjetiva, se cumple”, recalcó la radical Silvia Giacoppo.
Los oradores del oficialismo se centraron en defender la medida. “Está claramente demostrado que suspender las clases cuando hay alta circulación baja los contagios. Y en marzo la ciudad registró más de 1200 casos por cada 100 mil habitantes; un número muy por fuera de los márgenes. La prioridad es que el sistema sanitario sostenga a los pacientes graves”, sostuvo el diputado oficialista y médico Pablo Yedlin.
El porteño, Mariano Recalde atacó al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. “Se golpean el pecho diciendo que no se puede suspender ni un día las clases presenciales y su gobierno no ha hecho otra cosa que atacar la educación. Redujeron el presupuesto en ese área de 27 % a 17 %; el distrito del país que menos porcentaje dedica a la educación”, disparó.
El radical Gustavo Menna, insistió en que la comisión no es el ámbito para discutir la medida. “Por momentos se pierde de vista que el objeto de esta comisión no es analizar un criterio de oportunidad sobre la solución contenida en cada uno de los decretos, sino el ejercicio de esta atribución excepcionalísima que tiene el Ejecutivo de legislar por decreto”, sentenció.
Fuente Clarin
