Denuncian a Alberto Fernández y a Hugo Sigman por el contrato de vacunas con Astrazeneca

Por Claudio Savoia

El fiscal Guillermo Marijuan impulsa una denuncia por el contrato del Estado para fabricar y obtener vacunas de AstraZeneca. También imputaron a Ginés González García y Carla Vizzotti.

El presidente Alberto Fernández, su ex ministro de Salud Ginés González García, la actual ministra Carla Vizzotti y el empresario farmacéutico Hugo Sigman fueron imputados por el supuesto delito de abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, luego de una denuncia que exigía investigar el controvertido contrato del Estado con Sigman para la producción de vacunas de AstraZeneca en el país.

La causa está en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Guillermo Marijuan, en quien fue derivada la investigación. Fuentes judiciales confirmaron a Clarín las imputaciones y que la fiscalía pidió el allanamiento del ministerio de Salud y el laboratorio Mabxience, de Sigman, para obtener los contratos y las constancias de pago o transferencias de dinero realizadas a causa de ese contrato. “En este momento se entregan órdenes de presentación para que cumplan con la entrega de estos documentos”, dijeron a este diario en tribunales en la tarde del viernes.

El expediente se inició con una denuncia presentada esta semana en Comodoro Py por Josefina de Elizalde, en representación del “espacio ciudadano apartidario”, Acción Conjunta Republicana, por “malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, durante el proceso de negociación para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, que privilegiaron al empresario Hugo Sigman por sobre otros oferentes.

La denuncia se funda en el hecho de que el Ministerio de Salud admitió haber desembolsado más de 53 millones de dólares sin que al momento hubiera recibido ni una sola de las 22.400.000 dosis de la vacuna comprometidas.

Acción Conjunta Republicana se define como “un espacio federal apartidario que nuclea a ciudadanos argentinos autoconvocados de todo el país y el exterior, en defensa de la independencia de los poderes del Estado y del fiel cumplimiento de la Constitución Nacional”, y en su denuncia recuerda que “el vínculo del gobierno con Sigman ha sido motivo de polémica casi desde el inicio de la pandemia. El entonces ministro Ginés González García habría atado toda su estrategia a la vacuna que produce quien sería su amigo, dejando de lado otras negociaciones que podrían haber facilitado las cosas. Recién cuando la vacuna de AstraZeneca tuvo problemas en los ensayos, el gobierno salió de ur-gencia a negociar con Rusia y China”.

Según la acusación, a la que el fiscal Marijuan le dio curso, “las negociaciones con el laboratorio Pfizer fueron delegadas por el ex ministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo, lo cual podría implicar una violación a la ley de Ética en la función pública”.

Tarragona , que también fue denunciada, al igual el subsecretario de Gestión Administrativa de Salud, Mauricio Monsalvo, fue directora general de la Fundación Mundo Sano, que dirige Silvia Gold, la esposa de Sigman y cofundadora del Grupo Insud.

“Esta ne-gociación se habría encontrado con la voracidad empresarial de Sigman, que con su ascendencia sobre el presidente y el ministro de Salud consiguió que lo consideraran como el ‘Plan A’”, relata la denuncia y prosigue: “Eso le permitiría al país ‘tener prioridad a la hora de acceder’ a las dosis, estimó, disponibles durante el primer semestre de 2021, siendo ambas declaraciones desestima-das por la propia realidad.

“Las declaraciones podrían ser inocuas, si no fuera porque, aunque al momento de la denuncia sigue sin haber llegado ni una sola dosis de la vacuna que se produce en Argentina y México, el gobierno de Alberto Fernández ya le pagó a AstraZeneca y Hugo Sigman el 60 por ciento del con-trato por 22,4 millones de vacunas, lo que supone un desembolso de alrededor de 54.000.000 de dólares norteamericanos”, señala y concluye: “Todo este desmanejo incomprensible ha puesto la salud y la economía de todos los argentinos en jaque.”