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El conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires llegó muy lejos. Demasiado como para volverlo atrás rápidamente y sin mayores costos. Mientras, las muertes por Covid-19 rompió ayer otro récord. Trágico.
Todos admiten el drama que los tiene por protagonistas, pero nadie sabe cómo detener la guerra. El culpable es el otro. Por eso, ninguno muestra suficiente voluntad para arriesgar capital político en la exploración de una tregua, sin temor a pagar demasiado caro el precio de un acuerdo. La confianza está destruida. Pero los riesgos de avanzar hacia un desastre son muchos y todos quieren que sea el de enfrente el que pague la mayor parte de los platos rotos.
No obstante, algunos emisarios empezaron a tantear a interlocutores del frente adversario en busca de un diálogo que, al menos, establezca pautas operativas. Por ahora, no hay puentes tendidos entre la Casa Rosada y la jefatura de gobierno porteña. Apenas hubo una informal charla exploratoria entre un ministro nacional y otro porteño, que tienen una antigua relación.
En cambio, sí se han establecido contactos más firmes entre el larretismo y el gobierno bonaerense, a través de lo responsables de Seguridad, Sergio Berni y Diego Santilli, que por cuestiones obvias (y urgentes) nunca cortaron la relación.
Esos precarios vínculos apuntan a restablecer, primero, cierta coordinación operativa en materia sanitaria, de seguridad y transporte. Y, de máxima, concretar un diálogo entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, para afrontar la crítica situación sanitaria que asuela a ambos distritos. La conversación no se concretaría antes del lunes o martes próximo, según fuentes al tanto de la iniciativa.
El gobierno nacional, en tanto, apuesta a que la realidad pandémica le aseste un golpe a la estrategia de Larreta de confrontar en defensa de las clases presenciales para, entonces, sentarse a dialogar. La ocupación de camas de terapia intensiva podría inclinar la balanza. Demasiado triste. Demasiado real.
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En las cercanías de Larreta admiten que en una semana podrían verse obligados a imponer nuevas restricciones. La mayor duda (y discusión interna) ya no es si tendrán que hacerlo, sino si deberán resignar la presencialidad escolar. Es el último bastión que el jefe de gobierno desearía entregar.
La masiva reacción contraria al cierre de las escuelas que constataron las encuestas, la organización de los padres, la radicalización de las propias bases cambiemitas y el compromiso que el jefe de gobierno se autoimpuso como garante de la presencialidad le hacen ver (o temer) cualquier retroceso como derrota. Los liderazgos en construcción afrontan esos dilemas.
Por eso mismo, Larreta asumió una jugada riesgosa y en litigio con el republicanismo declamado al enviar sus lobistas judiciales a tratar de asegurar que la justicia local sostenga las clases presenciales, contra la decisión del gobierno nacional. La disputa con los gestores tribunalicios de Alberto Fernández fue cuerpo a cuerpo.
Al filo del colapso
En la administración porteña destacan que la suba de casos en la ciudad muestra una tendencia a amesetarse, pero reconocen que el nivel de contagios está en niveles tan elevados que no alcanzaría con que no suban para aliviar el estrés del sistema hospitalario (sobre todo privado). El número de infectados debería descender pronunciadamente, pero no hay modelos predictivos que indiquen que eso vaya a suceder en lo inmediato.
Mientras tanto, en la Casa Rosada miran ese escenario con tanta preocupación sanitaria como especulación política. Esperan y refuerzan su enojo con Larreta, acumulando motivos, que van desde lo aparentemente atendible hasta lo irrisorio. Nada para festejar.
También por eso se dilata el proceso judicial en la Corte, donde aún se espera la respuesta del Poder Ejecutivo nacional para avanzar en su resolución. Un agravamiento de la pandemia podría tornar abstracto el planteo para el caso concreto que se discute: si los chicos pueden ir a la escuela o no.
La distancia que separa a los gobiernos en disputa es inmensa. Para mensurarla merecen reproducirse algunos de los argumentos que expone cada uno.
“De qué vamos a hablar si el hombre del diálogo (por Larreta), pide una reunión con el Presidente y antes de entrar presenta en la Corte un recurso contra el DNU”, dicen al lado de Fernández.
El enojo es tan personal como para exigir que el jefe de gobierno porteño repudie la presencia de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, entre los manifestantes que fueron a la residencia presidencial. “¿Vos te imaginás si en diciembre del 17, Gioja [José Luis, entonces presidente del PJ] iba a Olivos a tirar huevos contra la reforma previsional?”, esgrimen en la Casa Rosada. No es sólo cálculo para dividir a la oposición. Se unes lo útil y lo deseado.
Del otro lado contrarrestan: “Decidieron todo solos. Y hace rato que vienen castigándonos, sacándonos recursos y tratando de dividirnos. Encima, ahora buscan quebrarnos y que estemos obligados a cerrar todo, culpándonos a nosotros para no hacerse cargo de sus problemas con las vacunas, de la discrecionalidad con las que las repartieron y de la arbitrariedad con las que las aplicaron”.
Desde la vereda albertista arrojan: “Se equivocó Larreta, lo comió la agenda de Mauricio Macri y le va a costar volver. Hubo errores groseros de la oposición, quedaron en ridículo con las vacunas. Siempre pudieron comprar y no lo hicieron. La idea siempre fue pegarle a la vacunación por una razón objetiva, medida por sus encuestadores: el que la recibe cambia su percepción sobre el Gobierno. Primero era veneno, luego era para los vip. Pero no hubo ningún sistema paralelo, apenas un puñado de dosis mal dadas. En noviembre, podían comprar y no lo hicieron. Ante estos fracasos, Macri aprieta y lo lleva a Larreta a abrazarse a la presencialidad cuando los casos le dicen lo contrario. Y ahora nos meten demandas en la Justicia al mismo tiempo que nos piden recursos”.
En la sede del gobierno de la ciudad reaccionan indignados: “Es increíble cómo mienten. Nos preguntan en una reunión del staff técnico qué hace falta y cuando les decimos que los privados necesitan respiradores, nos lo facturan a nosotros. Nos quieren hacer aparecer como los Bolsonaro argentinos y quieren tirar los muertos de la pandemia para ocultar los errores que cometieron y que son ellos los que quedaron presos de la agenda de Cristina [Kirchner] y Axel [Kicillof].”
Expresiones de la dificultad de conciliar posiciones y de las fragilidades de cada uno. Como para entender por qué la política recurrió a la Justicia. Ahora todos miran a la Corte, aunque admiten que el máximo tribunal no satisfaría enteramente a nadie, si es que cuando falle todavía conserva sentido.
En la Casa Rosada esperan que vaya en línea con el fallo que impuso a Formosa adecuarse a la normativa de la autoridad nacional en temas sanitarios. “Sería muy contradictorio que a CABA se le permita esa independencia de criterio que le negaron a Gildo Insfrán”, dicen, dejando claro, que se sienten más próximos a los que cierran todo que a los que quieren moderar las restricciones.
En el gobierno porteño también apuntan a la congruencia de la Corte y esperan que falle en consonancia con anteriores pronunciamientos en los que se le reconoció a la ciudad la potestad de fijar sus propias normas, salvo las que establezca una ley superior del Congreso. Por eso, Cristina Kirchner busca con urgencia darle ese status legal al DNU de Fernández.
Más allá de la toma de posición que la sociedad tenga en esta disputa, según el lugar de la grieta que cada uno ocupe, los sondeos de opinión más recientes empiezan a mostrar que la fatiga social se acerca al hartazgo. A la angustia sanitaria y las penurias económicas, se le suman incertidumbres diarias. No faltan los que dicen que los políticos no solo no les solucionan sus problemas, sino que se los agravan. Consecuencias evidentes de una guerra que llegó demasiado lejos.
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