Después de recibir el escrito con que el procurador del tesoro Carlos Zannini defendió los términos del DNU que suspendía por quince días las clases presenciales únicamente en el AMBA, la Corte Suprema de Justicia le pidió su opinión sobre el tema al procurador general Eduardo Casal. El jefe de los fiscales tendrá un plazo de 72 horas para pronunciarse.
Hace más de una semana, la procuración general de la Nación había dictaminado que el máximo tribunal era competente para intervenir frente al amparo que presentó la Ciudad exigiendo la autonomía para determinar sobre la educación dentro de la jurisdicción de la Capital Federal.
El lunes pasado, la Corte aceptó su competencia original para tratar el reclamo del gobierno porteño y avisó que la cuestión se tramitaría por las normas del proceso sumarísimo. El máximo tribunal giró el caso al procurador del Tesoro, para que opusiera sus argumentos al reclamo porteño contra le DNU. Y le dio un plazo de cinco días para responder.
Zannini consumió ese tiempo por completo, y recién el lunes sobre el filo de la medianoche remitió su respuesta.
El procurador del Tesoro debía responder al reclamo del gobierno porteño, que bajo un planto de inconstitucionalidad del DNU se basó en tres ejes: la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, -“la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal”; la violación al principio de razonabilidad -“la suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos”- y la violación del principio de supremacía federal, según el cual “se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino”.
Con un estricto de 113 páginas, Zannini finalmente respondió combinando argumentos sanitarios, constitucionales y hasta políticos. Acusó de “negacionista de la pandemia” a la administración de Horacio Rodríguez Larreta y basó su postura en números aportados por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, respecto del aumento de los contagios entre niños y adolescentes.
Como último paso antes de resolver la cuestión, ahora la Corte pidió la opinión del Procurador General, Eduardo Casal. “Cuando hay planteos de competencia y de inconstitucionalidad es obligatorio hacerlo”, recordaron desde el máximo tribunal.”En este caso ocurrieron las dos cosas. Por eso se remitió el caso dos veces a la procuración, cuyo dictamen no es vinculante para decidir“.
Aunque sólo restan tres días para que venza el plazo que DNU ordenaba mantener cerradas las escuelas, en la Ciudad aguardan por una decisión “que sirva un resguardo para posibles nuevas restricciones”, explicaron a Clarín fuentes porteñas. Esto es: que la Corte les reconozcan la autonomía reclamada.
Fuente Clarín
