Las organizaciones sociales oficialistas y opositoras presionan al Gobierno: reclaman IFE, vacunas y alimentos

La calma del micro y macrocentro desolados por la falta de presencialidad en oficinas públicas y privadas para prevenir los contagios de coronavirus se interrumpe todas las semanas con movilizaciones masivas. Las organizaciones sociales que no comulgan con el oficialismo son el termómetro de una conflictividad social creciente. Los movimientos sociales que forman parte del Gobierno también cuestionan la velocidad del Ejecutivo para apaciguar la crisis, alertan por la caída de changas, falta de alimentos, reclaman lugares de poder en el Frente de Todos y exigen el regreso del IFE.

Los movimientos sociales de izquierda cumplieron con su palabra y este martes protagonizaron movilizaciones en todo el país. Como había anticipado Frente Nacional Piquetero que reúne a 35 agrupaciones opositoras marchó en la Capital desde el ministerio de Desarrollo Social al de Trabajo, donde se reunía el Consejo del Salario que actualizó el salario mínimo vital y móvil (que regula, a su vez, el salario social complementario, que cobran los 870 mil beneficiarios de planes de empleo).

La tregua social que proponía un sector del Gobierno a las organizaciones por ahora no camina. La semana pasada el secretario de Economía Social de Desarrollo Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, recibió a las organizaciones sociales, que pidieron que no participaran del encuentro funcionarios del ministerio de Seguridad.

En la Cartera que conduce Sabina Frederic reconocen que hasta ahora no lograron desmovilizar a las organizaciones como hubiesen querido, aunque se anotan algunos éxitos parciales. “Logramos que no hubiera un corte de 2 mil personas hace 48 horas, pero eso no sale en ningún diario”, señalan.

En tanto, las organizaciones sociales que integran el Frente de Todos -y tienen a sus líderes con altos cargos en media docena de ministerios y bancas en el Congreso- presionan al Gobierno. “El problema es que la saturación sanitaria impacta en la recuperación económica. El salario mínimo y el social complementario se complementaban con changas, que están cayendo como toda la actividad. Si son necesarias restricciones, sería necesario pensar en un escenario de IFE limitado y de un incremento de ayuda alimentaria que está por debajo de los requerimientos”, le dijo a Clarín el subsecretario de Economía Social y líder de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

La falta de comida en los 11 mil comedores y merenderos populares de todo el país -que administran los movimientos- es un reclamo tanto de organizaciones oficialistas como opositoras.

Advierten que si el Gobierno no acelera el envío de partidas alimentarias reclamarán directamente a los supermercados y a las empresas de alimentos. “Estamos notando una demora preocupante y la gente no puede esperar. De mantenerse esta situación de falta de comida en los comedores vamos a empezar a solicitar la solidaridad de las empresas y los supermercados. No tenemos otra salida”, reclamó el lunes Norma Morales, también de Barrios de Pie, agrupación que acelera su fusión con el Evita.

La exigencia de las agrupaciones coincide con el plan del Gobierno para sellar un acuerdo de precios (sobre todo en el rubro de alimentos) con las empresas. 

Los representantes de los movimientos oficialistas y opositores también coinciden en el reclamo para que se vacune a los trabajadores de los comedores. El ministro Daniel Arroyo había coincidido en la necesidad de incluirlos dentro del personal estratégico, pero el tiempo pasa y la confirmación no llega. 

Los delegados de las organizaciones que integran el oficialismo hicieron sentir su voz sobre el debate acerca de las clases presenciales. Si bien apoyan la suspensión, alertaron sobre los lapidarios efectos del ciclo lectivo 2020 para los habitantes de los 4400 asentamientos de todo el país. Allí la virtualidad no existe, como reflejó el censo educativo que realizaron.

Con ese antecedente presentarán esta semana a Sergio Massa y Máximo Kirchner un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en materia de conectividad. Quieren que las empresas de telecomunicaciones inviertan sus ganancias en las villas y quieren profundizar los lazos entre el Enacom y el ministerio de Desarrollo Social.

En tanto, las organizaciones oficialistas que están nucleadas en la UTEP mantendrán este jueves una reunión con el ministro de Trabajo Claudio Moroni para asegurar su personería gremial. El Presidente los recibió en Olivos hace dos semanas. La CGT -aliada indispensable de Fernández- recela del desembarco de los trabajadores de la economía popular, que participaron por segunda vez del Consejo del Salario. 

En 16 meses el Gobierno sumó un 52 por ciento más de planes de empleo, pero no logra contener la protesta social.

Fuente Clarin