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La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal salió a rechazar la línea de argumentación usada por Martín Soria -en un plenario de comisiones de Diputados– y aseguró que no hubo acuerdo para modificar la estructura de la Procuración.
Fue luego de que el ministro de Justicia buscara reimpulsar el lunes, en el Congreso, el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que ya tiene media sanción del Senado.
El comunicado de los fiscales de este lunes remite asimismo a “las conclusiones arribadas por sus asociados el año pasado” en un comunicado fechado el 7 de noviembre de 2020, en el que se habla de que “existieron intercambios y opiniones relacionadas al funcionamiento general del MPF, autarquía y presupuesto”.
Sin la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio, Soria apuntó, fundamentalmente, contra el actual procurador interino Eduardo Casal, lanzó críticas a los opositores y propuso modificaciones al texto para intentar reunir los votos.
“No puedo dejar de mencionar las palabras de (Carlos) Rívolo quien sostuvo que el Ministerio Público Fiscal necesita un procurador definitivo. Esa fue la primera coincidencia fundamental”, dijo Soria en un tramo.
Luego agregó: “Como puede ser que todos estemos de acuerdo en que la situación institucional de la Procuración es una anomalía y todos estemos de acuerdo en algunos puntos centrales de la ley orgánica y no podamos llegar a un consenso”.
Sobre esta base, el comunicado de la Asociación de Fiscales -que lleva justamente la firma de su presidente Carlos Rívolo– sostiene que el proyecto de ley “en modo alguno respeta la autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación que explicita y exige el art. 120 de la Constitución Nacional”.
Agregaron ahora: “Exhortamos a que cualquier modificación de la Ley Orgánica se realice en un ámbito amplio y con suficiente consenso que no solo garantice la seguridad jurídica de la comunidad toda, sino además el efectivo desarrollo de las instituciones necesarias en un Estado Republicano”.
El cruce se debe a que en su intervención en el Congreso, el ministro Soria quiso instalar el acuerdo de la asociación judicial para la reforma kirchnerista con la que busca su objetivo de desplazar a Casal y a otros fiscales molestos para el kirchnerismo.
Los fiscales acordaron el año pasado y reiteraron ahora que la única vía para quitar a un procurador de sus funciones es con los dos tercios de los votos del Senado, que el kirchnerismo aún no tiene.
En aquel comunicado de 2020, los Fiscales habían planteado que uno de los consensos arribados fue el “mantener el requisito legal de dos tercios de los miembros presentes del Senado, tanto para la designación y así como para la destitución del/la Procurador General de la Nación, en particular frente al amplio consenso político que requiere la puesta en marcha del sistema acusatorio a nivel federal”.
En su intervención ante las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, Soria utilizó los acuerdos de ese comunicado para instalar un consenso a la reforma que apunta contra Casal.
E intentó dar por entendido que los supuestos acuerdos surgieron de la reunión que tuvo la semana pasada con las asociaciones judiciales. Fue una manipulación de datos inconexos y relato por parte de Soria para instalar un consenso que lejos está de alcanzarse.
El ministro afirmó: “En su propia naturaleza el proyecto ya contiene las ideas de gran parte del arco político. […]. Hay una crisis de legitimidad que se genera entre otras cosas por el interinato del Procurador General de la Nación más largo de la historia de la que se tenga registro”.
Reunión previa usada en el relato
La semana pasada, Soria se había reunido con referentes de la Justicia, que incluyó la Asociación de Fiscales presidida por Carlos Rívolo y la Asociación de Magistrados, de Marcelo Gallo Tagle.
El fiscal Carlos Rívolo se reunió con Martín Soria y el ministro usó esa reunión para instalar acuerdos inexistentes sobre la reforma judicial. Foto Fernando de la Orden
Tal como informó Clarín, los encuentros generaron versiones de posibles acuerdos, después de que el propio ministro hablara de “consensos para incorporar modificaciones” en la composición del Tribunal de Enjuiciamiento y el funcionamiento de los jurados de selección.
Sin embargo, ambas asociaciones lo desestimaron. La conducida por Rívolo ratificó el rechazo a bajar los requisitos para designar al Procurador y al mayor peso de la bicameral, y limitó el aval a acotar temporalmente el mandato. Los magistrados exigieron mantener los dos tercios para remover a cualquier fiscal.
DS
Fuente Clarin
