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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) alertó por el deterioro de la libertad de prensa, como efecto de la pandemia de coronavirus y las iniciativas oficiales en torno a la tesis del lawfare que impulsan dirigentes de la coalición gobernante.
“Sombras para el ejercicio de la libertad de prensa”, se titula el informe semestral que aprobó ADEPA en la Junta de Directores de la entidad, que se llevó a cabo en forma virtual.
“El clima para el ejercicio de la actividad periodística se ha deteriorado desde que comenzó a extenderse la pandemia en la Argentina. Las crisis siempre impulsan restricciones. En estos días, las autoridades y la ciudadanía debaten sobre la jerarquía, la oportunidad o la magnitud de algunas de ellas. Estas discusiones se dan en todo el mundo. Respecto de la libertad de prensa, algo resulta claro: si esta es cercenada, lo que se debilita es la posibilidad de una resolución coordinada y democrática del desafío sanitario que enfrentamos. De ese modo no podríamos consensuar una salida común; tampoco resolver aquello que no conocemos ni analizamos”, planteó Daniel Dessein, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA, durante la lectura del informe ante directivos y representantes de medios de todo el país.
“En este marco, diversos dirigentes de la coalición gobernante intensificaron en los últimos meses la postulación del “lawfare” como tesis que plantea una confabulación de sectores de la prensa y el Poder Judicial con vistas a fraguar procesos contra referentes del actual oficialismo. La escalada discursiva fue acompañada de iniciativas que afectan gravemente la independencia periodística y judicial, socavando las bases del esquema de contrapesos de nuestro sistema institucional”, dijo Dessein.
El directivo de ADEPA mencionó la “imputación a los medios por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación”. Esta entidad, que cuenta con mayoría oficialista, acusa a la prensa de formar parte de ‘un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa’”.
En esa misma dirección, “en las últimas semanas, parlamentarios ligados al oficialismo presentaron un proyecto en el Parlasur para convertir al ‘lawfare’ en delito y sancionar, eventualmente, a periodistas. Los impulsores del proyecto pretenden, además, promover esta iniciativa en el Congreso de la Nación”.
Dessein advirtió que “tales amenazas que se ciernen sobre el oficio periodístico reciclan una vieja retórica. Pretenden neutralizar, bajo calificaciones inaceptables, la relación entre periodistas y fuentes. Buscan criminalizar la práctica que define el rol estratégico que cumple el periodismo”.
Y puso como ejemplo, el caso del periodista Daniel Santoro, que fue recientemente procesado por el juez federal Luis Rodríguez.
También ADEPA alertó por “la creciente agresividad del debate público”, donde se apela a la “estigmatización y al agravio basado en sesgos ideológicos y partidarios. Esta polarización se ve exacerbada por la dinámica de algoritmos y redes sociales que han demostrado, en episodios recientes como los del Capitolio estadounidense, que toman decisiones editoriales y no son meros intermediarios neutros”.
Además, la entidad destacó las restricciones contra el periodismo en la provincia de Formosa, por iniciativas del gobernador Gildo Insfrán; así como “uno de los ataques más graves contra un medio”, por parte de un sector de la CTA, contra el diario Río Negro, donde la policía mostró pasividad y ya pasó más de un mes “sin lograr detener a los agresores, pese a que hay registros en imágenes de la irrupción”.
“Como vemos, los medios de comunicación enfrentan un escenario delicado para el ejercicio de la libertad de prensa”, sostuvo Dessein. Y agregó que, “otro tanto ocurre con su sustentabilidad económica, imprescindible para la independencia editorial”.
Es que la publicidad privada cayó “en porcentajes sin precedentes durante el último año. Las ayudas estatales específicas de los primeros meses de cuarentena, desaparecieron”.
La publicidad oficial, “con un claro valor para consolidar conductas apropiadas en la emergencia sanitaria, se distribuye, en líneas generales, con criterios objetivos vinculados a la audiencia y pertinencia de los mensajes, más allá de que sea necesario un mayor federalismo en su reparto. Además, su volumen está significativamente desactualizado y es claramente insuficiente, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal, para un período de alta vulnerabilidad del sector”, planteó Dessein.
En simultáneo, el directivo de ADEPA explicó que en el mundo se debate cómo regular a las grandes plataformas tecnológicas, como Google y Facebook. “Avanzan legislaciones y acuerdos en países como Australia o en los integrantes de la Unión Europea. La reacción que estas plataformas han tenido frente a las mismas generan preocupación en tanto evidencian su posición dominante de mercado”.
“En nuestro país, comienzan a explorarse convenios puntuales entre plataformas y medios por contenidos para productos específicos. Es un primer paso, pero solo el primero e insuficiente, de un proceso que recién comienza”, concluyó el informe semestral de Libertad de Prensa e Información de ADEPA.
Fuente Clarin
