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Alberto Fernándezanunció hoy un nuevo decreto que extenderá la suspensión de las clases presenciales en el AMBA, justo cuando la Corte Suprema había quedado en condiciones de decidir si su decreto anterior era constitucional o no.
El máximo tribunal no está en condiciones de pronunciarse sobre el nuevo decreto; en primer lugar, porque todavía no fue publicado, pero además porque antes debería cumplir con un nuevo trámite, con intervención de los estados nacional y porteño, y de la Procuración.
¿Qué opciones tiene hoy la Corte?
“La Corte tiene un caso en condiciones de ser resuelto”, dijo a LA NACION el constitucionalista Alejandro Carrió. “Puede declararlo abstracto porque el decreto anterior fue reemplazado por este y esperar a que le llegue un nuevo planteo respecto de la validez del nuevo decreto. Pero en mi opinión puede resolver el planteo anterior echando mano a la doctrina de los casos susceptibles de repetición, que se ha utilizado en nuestro país en cuestiones electorales (caso Ríos) y de aborto (FAL)”.
“Así -sostiene Carrió- le daría a los poderes ejecutivos nacional y de las provincias lineamientos importantes sobre qué medidas restrictivas son válidas de acuerdo con la Constitución Nacional y cuáles no. Y con esos lineamientos el Poder Ejecutivo podría calibrar lo que está haciendo, porque ya se ha manifestado el máximo tribunal de la Nación.”
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que “a partir del momento de la publicación del nuevo decreto, la Corte puede declarar abstracta la cuestión [que hoy tiene para resolver] porque la norma impugnada dejó de existir”, pero consideró que el tribunal podría también “dictar un fallo exhortativo o indicativo” argumentando que si bien la norma quedó sin efecto, es procedente “generar grandes marcos” para que se desenvuelva el Gobierno durante la pandemia.
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Los gobiernos de la Nación y la Ciudad esperan una definición de la Corte. Después, Larreta podría hacer una nueva presentación. El jefe de gobierno porteño analiza con su gabinete su respuesta al anuncio del nuevo decreto. Todo dependerá de si la Corte falla como espera Larreta. Si lo hiciera, aunque fuera referido al decreto a punto de expirar, el jefe de gobierno porteño vería allanado su camino para un nuevo pedido de declaración de inconstitucionalidad. Para acelerar los tiempos, podía volver a presentar una medida cautelar, con muchas chances de que, si la Corte ahora le diera la razón, ese pedido prosperara rápidamente. El escenario sería el inverso si la Corte fallara en contra de lo planteado por el jefe de gobierno y convalidara lo decretado por Fernández.
Mientras tanto, si el escenario no cambia, el gobierno porteño no tendrá un instrumento jurídico que lo habilite a abrir las escuelas la semana próxima. Hasta hoy, hubo clases presenciales porque Larreta sostuvo que debía cumplir el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativa porteña, que suspendió el decreto presidencial que cerró las escuelas. “La situación no cambió. La Justicia [porteña] le reconoció sus atribuciones a la Ciudad, pero es cierto que falta un instrumento”, dijo un especialista en temas judiciales que asesora a Larreta.
En el gobierno nacional sostienen que lo que resuelva la Corte no tendrá mayores efectos. “Lo que diga ya es viejo”, afirmaron en la Casa Rosada.
El constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra entiende que el decreto de Fernández cuestionado por Larreta es válido y no viola la Constitución. No obstante, él también cree que la Corte debería pronunciarse. “Pese a que la limitación del decreto 241 es razonable y por ende en principio ajena al control judicial, la Corte Suprema de Justicia debe pronunciar sentencia. Su fallo debe ser acatado por ciudadanos y autoridades, a condición que no provean nuevos argumentos para dejarla de lado. La Corte tiene el deber institucional de dictar sentencia en “plazo” racional y razonable”, afirmó.
Los jueces de la Corte mantuvieron durante toda la mañana conversaciones -presenciales y telefónicas-, pero no anunciaron todavía cuándo planean dictar su fallo.
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