Espionaje ilegal: incertidumbre por el futuro de la causa en Comodoro Py

Por Candela Ini

El caso de espionaje ilegal y sus expedientes derivados tienen un destino incierto. A pesar de los intentos de Cristina Kirchner y otros querellantes por mantener la causa en los tribunales Lomas de Zamora, fue enviada a los tribunales de Comodoro Py hace más de una semana y, por estas horas, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi analiza los argumentos de otros dos jueces que se excusaron de investigar las maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante el gobierno de Mauricio Macri contra políticos, periodistas y referentes sindicales y religiosos.

Los expedientes fueron enviados desde Lomas de Zamora a Comodoro Py la semana pasada y los recibió la jueza federal María Eugenia Capuchetti. En pocas horas, Capuchetti se excusó de intervenir. Argumentó que ella misma fue víctima de maniobras de espionaje ilegal, que actualmente son investigadas en otro expediente, a cargo del juzgado 6, que ella subroga.

Desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían ingresado al menos tres veces a sus registros migratorios. “Lamentablemente me encuentro dentro de las personas que, sin motivo aparente, habrían sido espiadas y, entonces, sería necesaria mi comparecencia en dicha calidad, lo que excluye mi intervención a cargo de la investigación”, argumentó Capuchetti. El juez federal de primera instancia Sebastián Ramos, que investigaba hechos similares a los de este expediente, recibió el caso cuando Capuchetti se inhibió, pero también se excusó de investigarlo, por ser víctima de las mismas maniobras.

Así llegó el expediente a las manos de Marcelo Martínez De Giorgi, que ya investiga una denuncia formulada por el secretario de Macri, Darío Nieto (por la manipulación de su teléfono), y quien ahora debe decidir si los argumentos de Capuchetti son suficientes. Según fuentes judiciales, el período en el que habrían sido revisados los registros migratorios de Capuchetti no sería el mismo en el que ocurrieron los hechos investigados en el expediente en el cual ella se excusó.

 

Si Martínez De Giorgi acepta la excusación quedará a cargo de uno de las causas penales más sensibles de la política, que acumula expectativas en el kirchnerismo y preocupa al expresidente Macri. Su resolución se conocerá esta semana. Si la rechaza, el asunto deberá ser resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los recién llegados Eduardo Farah y Roberto Boico. Martín Irurzun también está excusado de intervenir sobre este caso por haber sido víctima de maniobras de inteligencia.

Tampoco está claro qué fiscal investigará el caso en Comodoro Py. Carlos Stornelli se excusó de intervenir mediante una presentación en la que aludió a su rol de querellante en la causa conocida como “Operación Puf”, que está relacionada con la investigación de espionaje ilegal.

Ya están procesados como responsables de una asociación ilícita los exdirectores de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a decenas de exagentes y exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal. La vicepresidenta Cristina Kirchner es querellante en el expediente y buscó, sin éxito, retener el caso en los tribunales de Lomas de Zamora. Su planteo ahora está en la Corte Suprema. Horacio Rodríguez Larreta es otro de los querellantes en esta causa, pero no se opuso a la mudanza del expediente a los tribunales de Retiro.

Por ahora, la investigación no alcanza a Macri, aunque según uno de los dictámenes firmados por los fiscales de Lomas de Zamora cuando pidieron procesar a Arribas y Majdalani, en las indagatorias de exagentes se lo señaló, en aparentes alusiones, como “el uno” o “el hombre”. En los dictámenes, sin embargo, no aparece ninguna evidencia directa que lo vincule con las maniobras.

Las denuncias derivadas de este caso se multiplican. Uno de los acusados por las maniobras de inteligencia ilegal, Juan Sebastián De Stéfano, denunció en los tribunales de Retiro a los funcionarios judiciales que investigaron el caso en Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. También fue denunciada la camarista de la Cámara de Casación Ángela Ledesma. La presentación, que quedó a cargo del juez Julián Ercolini, apunta a un supuesto vínculo entre Incardona por haber trabajado junto a Ledesma. La fiscal Paloma Ochoa dictaminó que se debe desestimar esa denuncia.