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Cuentan que fue un saludo frío, tal vez algo desconfiado, aunque con el correr de la charla se fueron soltando. Tras su fugaz alianza electoral de 2013, Hugo Moyano y Francisco de Narváez se reencontraron. Estuvieron primero solos, cara a cara. Tras ponerse al día, a la hora del apretón de manos y de la firma burocrática de la documentación, se incorporaron recién a la sala los abogados Lucio Zemborain y Vanesa Mosquera, y el dirigente camionero Oscar Borda, de la estratégica rama de Logística del gremio de los camioneros.
En el primer piso de la Federación de Camioneros, en la avenida Caseros al 900, se selló ayer finalmente la tregua entre Moyano y De Narváez por el reclamo gremial por una compensación para 500 empleados de un complejo de Moreno de la cadena de supermercados Walmart, adquirida a fines de 2020 por el empresario. El pedido inicial del sindicato fue que despida, indemnice y reincorpore en forma inmediata a todos los empleados enrolados en el convenio 40/89. Los Moyano argumentaron que a partir de la venta de Walmart Argentina al grupo De Narváez se trata de una nueva empresa. Por lo tanto, según el gremio, hubo una transferencia de los contratos de trabajo, cuyos empleados deben ser indemnizados. Una disputa similar mantiene con el nuevo dueño de Garbarino.
Finalmente, ayer, después de semanas de conflictos y la amenaza gremial de ramificar la disputa en otros supermercados, Moyano y la empresa Dorinka SRL, de De Narváez, acordaron un bono extraordinario y por única vez para cada trabajador. Los montos dependerán de la antigüedad del empleado y se pagarán en hasta cinco cuotas. El pago extra más alto será de $1.000.000, mientras que el más bajo, de $115.000, según el acta del acuerdo que firmaron los abogados de la empresa y el gremio, y que fue divulgado por el sitio www.mundogremial.com.
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Vencidos los plazos para una conciliación en los despachos del Ministerio de Trabajo, se gestionó durante el fin de semana pasado un encuentro furtivo entre Moyano y De Narváez para explorar una tregua, como adelantó LA NACION el sábado último. “Los dos van a tener que ceder”, imaginó un experto que conoce a los protagonistas y que está al tanto de las conversaciones. Un bono por única vez de un monto menor a la hipotética indemnización sería la llave, arriesgaron desde ambas orillas. Y fue eso, finalmente, lo que destrabó el conflicto. También ayudó, según fuentes empresarias, el corrimiento de Pablo Moyano, el número dos del gremio, del centro de la negociación.
¿Qué cedieron? Moyano aceptó reducir los montos de la bonificación. Para la empresa significará el desembolso de 227.576.922 millones de pesos, según consta en el acta. El total alcanzaba los 600 millones de pesos, según contaron a LA NACION fuentes al tanto del acuerdo. Y De Narváez se llevó de boca del jefe camionero y rubricado en el acta que el pago por única vez “no reconoce que sea parte de la indemnización”. Es decir, deja sin efecto la esencia del reclamo de los camioneros, según la interpretación de un asesor legal que representó a Dorinka SRL.
La raíz de la demanda de los camioneros se remonta a sus tiempos de sintonía fina con la familia Macri. Moyano acumulaba muchos años de relación con Franco Macri por el manejo de la recolectora de residuos Manliba. Mauricio, siendo jefe de gobierno porteño y ya con sus intenciones de dar el salto a la Casa Rosada, no solo que mantuvo el vínculo que heredó de su padre sino que lo estimuló al validar el pago de indemnizaciones a los trabajadores del servicio en cada renegociación de los contratos, con la garantía de que además conservaban sus puestos. La gestión de Pro afrontó entonces una deuda por indemnizaciones pendientes desde 1998, cuando culminó el contrato con la empresa Manliba.
Nació así lo que algunos denominan la “ley Moyano”. Que se volvió nuevamente a imponer, a pesar de que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, no la reconozca.
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