La Cámara de Casación Penal anuló un fallo dictado el año pasado por la Cámara Federal y benefició al abogado Santiago Viola y al fiscal Eduardo Miragaya, quienes habían sido denunciados por montar una operación con testigos falsos para correr al juez Sebasatián Casanello de la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero.
Los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi habían revocado los sobreseimientos dictados por el juez Luis Rodríguezal abogado Viola y al exfuncionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Miragaya. Ahora los jueces de la Sala 4 de la Casación, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, anularon esa decisión, que había sido cuestionada por los acusados.
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Viola y Miragaya habrían sido, según la acusación de Casanello, los instigadores para que dos personas prestaran una declaración falsa, que sostenía la versión de que el juez federal que investigaba a Báez había visitado a la expresidenta Cristina Kirchner en la quinta de Olivos.
Los jueces Bruglia y Bertuzzi consideraron, cuando anularon sus sobreseimientos y les dictaron la falta de mérito, que el juez Luis Rodríguez no había producido la prueba suficiente para sobreseerlos. Por eso le ordenaron dictar un nuevo fallo. Ese fallo de la Cámara Federal ahora fue anulado.
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Los testigos Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino fueron quienes declararon en 2016 haber visto a Casanello en Olivos. La versión fue utilizada por el entonces abogado de Leandro Báez, Santiago Viola, para recusar al juez y apartarlo del caso, mientras avanzaba la investigación conocida como “La ruta del dinero K”.
El fallo dictado por la Cámara de Casación señaló que la decisión de Bruglia y Bertuzzi no estuvo bien fundamentada. “Advierto que el pronunciamiento cuestionado presenta, en el voto que conformó la mayoría, déficits en su fundamentación que irremediablemente conllevan a su descalificación como acto jurisdiccional válido”, escribió el juez Javier Carbajo.
La causa de los testigos falsos
En la investigación se corroboró -a través de testimonios y registros documentales- que los dichos de Corizzo y Scozzino eran falsos. Ambos admitieron haber mentido y fueron condenados el año pasado en un juicio abreviado que llevó adelante el Tribunal Oral Federal 3.
Según consta en el expediente, Viola y Miragaya se comunicaron un total de 238 veces a través de llamadas al celular de Miragaya y al teléfono del estudio que Viola comparte con su madre, Claudia Balbín. Esas comunicaciones se dieron en el contexto en el que los testigos falsos declararon contra Casanello.
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Cuando el juez Rodríguez sobreseyó a Viola y Miragaya, Casanello había dicho a la Cámara Federal que en el juicio que culminó, en el que los dos testigos falsos reconocieron su culpabilidad, ellos apuntaron a Miragaya y a Viola como los responsables de la operación montada para apartarlo. Dijo que era “evidentemente apresurado” sobreseerlos y sostuvo que se truncó una investigación con un “sobreseimiento exprés” cuando todavía había prueba trascendente por realizar.
Este fallo es uno más en un expediente de alta gravedad institucional que ya acumula varios avances y retrocesos, y que no pasa desapercibido en los tribunales federales de Comodoro Py.
Santiago Viola había sido elegido por el exjuez Rodolfo Canicoba Corral como interventor del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) cuando se investigaba a Omar el “Caballo” Suárez. La madre de Viola, Claudia Balbín, fue apuntada por mantener, a través de su estudio jurídico, vínculos con la AFI. Lázaro Báez declaró que, mientras el estudio de Balbín lo representaba, fue presionado para arrepentirse y declarar contra Cristina Kirchner.
Eduardo Miragaya, por otro lado, fue empleado en el juzgado de la jueza María Servini cuando dejó la AFI y luego trabajó en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), conducida por otro fiscal de Comodoro Py, Ramiro González.
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