Los 227 millones de pesos que el flamante dueño de Walmart, Francisco de Narváez, se comprometió pagar a 505 trabajadores afiliados al gremio de Hugo Moyano provocó reacciones encendidas entre los empresarios. Algunos directivos de grandes cadenas de supermercados, que tienen al sindicato de camioneros sentado en su propia mesa de negociaciones, se mostraron incluso furiosos con De Narváez. “No debería haber cedido”, dijeron en una de las cadenas líder preocupadas por el antecedente.
Es que después de un conflicto de 39 días que paralizó el centro de distribución de Walmart en Moreno y tras dos conciliaciones obligatorias dictadas por el ministerio de Trabajo, De Narváez y el sindicato de camioneros acordaron el pago de un bono por única vez a trabajadores que siguen en funciones en la firma. Fuentes cercanas a De Narváez admitieron que fue “una negociación endemoniada, pero se logro bajar de $ 600 millones a $ 227 millones la cifra pretendida y se eliminó el concepto de indemnización”.
Político al fin, De Narváez hasta recurrió a Facundo Moyano para que convenciera a su padre y a su medio hermano de “la aberración jurídica”. Confiesan que Facundo no estaba de acuerdo con el reclamo. “Algo pudo hacer”, le reconocen.
Los empresarios también dirigieron su bronca hacia el Gobierno que sólo se limitó a dictar la conciliación obligatoria y a decir que se trataba de un acuerdo entre privados. “Fue una extorsión. No fue una negociación normal”, dijeron en la Federación que nuclea a los supermercados a nivel nacional. Claudio Moroni debería haber intervenido, soltaron en referencia al ministro. En el ministerio insistieron ante este diario que “se trata de un conflicto entre privados”.
En el sector de la logística recordaron lo que sucedió con Mercado Libre, cuando el sindicato de Moyano intentó con bloqueos que los empleados de su centro de distribución en el Mercado Central pasaran a Camioneros. “Galperín resistió y pudo frenar el avance, siempre con el Gobierno mirando para otro lado. Pero tuvo espalda”, comentaron siempre solicitando el anonimato. Se entiende, Moyano asoma como un poder al que se le teme. En Mercado Libre no quisieron ayer hacer comentarios.
“Es una animalada lo que sucedió”, disparó un empresario textil que suele ser cauto y hablar a viva voz. Esta vez prefirió el anonimato. “Las empresas argentinas ya valen poco y con este tipo de antecedente que es una aberración jurídica que no corresponde, porque los empleados tienen continuidad laboral, valdrán aún menos”.
En una multi deslizaron: “La sensación general es que en la Argentina no se apoya al que invierte, pero no es solo por este caso, obviamente. Es algo que sucede en muchos órdenes y desde hace décadas. Es parte del deterioro”.
Para Martín Cabrales de la alimenticia que lleva su apellido, “es un problema que no debería haber tenido nunca de Narváez. Y es parte de los costos ocultos. Es un pésimo antecedente. Creo que no le quedó otra porque tuvo un conflicto larguísimo en un centro de distribución clave para Walmart”, señaló. Y añadió: “No creo que los trabajadores estén de acuerdo. Es una bandera que Camioneros no quiere bajar”.
En Came, que agrupa a las pymes, Pedro Cascales contó que habían hecho consultas a los abogados y la conclusión es que se trata de “un reclamo fuera de lugar porque hay continuidad jurídica” . En sintonía con otros empresarios y entidades, Came también apuntó al rol del ministerio de Trabajo, que “no tomó verdaderas cartas en el asunto”.
Fuente Clarin
