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Una de las cuatro operaciones de espionaje ilegal que sufrió el periodista de Clarín Daniel Santoro desde 2003 hasta la fecha se archivó esta semana por falta de respuesta de la justicia de los Estados Unidos a un exhorto del juez federal Sebastián Casanello.
Se trata del hackeo de sus mails que sufrió Santoro luego de investigar en 2006 a una banda de narcotraficantes serbios que, bajo prisión preventiva domiciliaria había logrado un permiso para hacer una fiesta faraónica en el hotel Four Seasons.
Días después de una nota publicada Clarín, mails del periodista y Daniel Rafecas aparecieron en manos de los abogados defensores de los serbios quien denunciaron al juez para intentar apartarlo de la causa.
La justicia argentina no pudo descubrir quién hizo el hackeo porque la operación se había realizado desde un locutorio de Mar del Plata que no tenía videocámaras ni registros de clientes.
Esta semana, Casanello notificó a los abogados de Santoro, Mauricio De Nuñez y Guido Sciaretta que la Justicia norteamericana “no han dado respuesta a lo oportunamente solicitado” en cuanto identificar al usuario que hizo la operación y a dar de baja los mails subidos de un sitio llamado “Angel Fire” y posteado en EE.UU. Se trata de la empresa Lycos Inc con sede en el 100 Fifth Aveneu, Waltham, Massachusetts.
“Efectivamente, en el exhorto oportunamente remitido se les requirió que pidieran al servidor que administra el espacio procedieran a darlo de baja e informaran la dirección IP de origen, y diera los datos completos del usuario que publicó el contenido de la página mencionada anteriormente durante el transcurso del año 2006”, dijo Casanello.
Pero la justicia norteamericana “no da respuesta a lo que se había solicitado”, señaló el magistrado. El primero pedido se había hecho el 17 de febrero de 2018.
Este caso llegó a que el Congreso equiparara por ley los mensajes electrónicos con una carta postal a los efectos de la violación de correspondencia.
En 2011, volvieron a “pinchar” -como se dice en la jerga profesional- el mail de Santoro a otros periodistas, jueces –incluso el miembro de la Corte Eugenio Zaffaroni- y diputados de la oposición en un caso interceptaciones masiva de correos electrónicos conocido como leakymails. La Justicia tampoco pudo descubrir a los autores de esta violación de correos electrónicos. En ese momento, Santoro y Nicolás Pizzi habían empezado a investigar el desvío de fondos del plan Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo.
En 2013, el entonces jefe del Ejército César Milani habría mandado a hacer un seguimiento a través del GPS del celular del entonces senador y actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y de Santoro. En ese año, el periodista publicó sospechas de que Milani habría apoyado a los carapintadas y el senador otros antecedentes del ex jefe de Inteligencia del Ejército.
Cruzando los GPS de dos celulares se puede saber cuándo y dónde dos personas se juntaron aunque, obviamente, no el contenido de sus conversaciones. El abogado Ricardo Monner hizo una denuncia. El juez Julián Ercolini allanó la dirección de Inteligencia del Ejército y no encontró pruebas. Se sospecha que los cruce de GPS se tercerizan en empresas privadas.
En el 2015, volvieron a pinchar el mail y el celular de Santoro, junto a diputados de Cambiemos como Patricia Bullrich y Laura Alonso, además de otros casi 200 periodistas y legisladores. Justo cuando el periodista había sumado pistas, como los nombres de los beneficiarios finales de la empresa fantasma Aldyne de las islas Seychelles al caso de la Ruta del Dinero K.
Esta vez habría sido por orden de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, que reemplazó a la SIDE). En una planilla presentada por las entonces legisladores Santoro tenía la categoría de “OB”, que en la jerga de los espías significa orden de observación.
El juez federal Sebastián Casanello certificó por escrito que el celular había estado siendo intervenido por una fuente externa”. Figuraba en el ítem “número 8. Orden Verbal 36.
En abril de 2017, la cámara federal apartó a Casanello del caso por una recusación de una de las víctimas y la causa pasó al juez Luis Rodríguez y está pendiente de resolución.
Fuente Clarin
