Tras el escándalo por los hisopados para detectar contagios de coronavirus en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, designó un interventor veedor con el objetivo de determinar las responsabilidades en el hecho.
Días atrás, una investigación periodística reveló que la empresa Labpax, que había quedado a cargo de la realización de los testeos a quienes llegaban al país, como parte de las medidas oficiales de control de la pandemia dispuestas por el Gobierno nacional, era propiedad de dos monotributistas que están inscriptas en la categoría más baja.
Quienes llegan a la Argentina deben realizarse un hisopado rápido que tiene un valor de $ 2.500. El cálculo rápido es que la empresa, que hace unos meses no existía, hoy genera al menos cinco millones de pesos por día.
En los resultados de los hisopados que se les entregaban a los viajeros figuraba la firma de Jorge Chizzolini, bioquímico, quien en diálogo con el diario La Nación, aseguró que le usaron el nombre y la matrícula cuando ya no tenía ninguna relación con la empresa.
Tras el descubrimiento de esas irregularidades, desde Aeropuertos Argentina 2000, concesionario de la terminal, iniciaron una auditoría interna para investigar en profundidad el hecho.
A través de un comunicado, la empresa aseguró este viernes que “confía” en que la designación del veedor judicial “facilitará la resolución de la causa abierta”.
Según la compañía, ante la orden del Gobierno nacional de comenzar a realizar los testeos, “se designó al laboratorio existente en el aeropuerto a tal efecto”.
El cCentro de testeo por PCR de la empresa LabPax en el aeropuerto de Ezeiza. Foto: Andres D’Elia.
Además, y tras ratificar que a partir del 15 de mayo Stamboulian Servicios de Salud se hará cargo de los hisopados, AA2000 aseguró que “es el primer interesado en que la Justicia logre aclarar rápidamente los sucesos denunciados” y anticipó que en caso de corresponder, iniciará acciones judiciales una vez culminada la intervención del veedor.
“AA2000 viene prestando colaboración con la Justicia desde el inicio de las investigaciones, y se pone ahora a entera disposición de la flamante Intervención para poder arribar así a un pronto esclarecimiento de los hechos”, agrega el comunicado.
Tras desatarse el escándalo, la Justicia realizó el miércoles una serie de allanamientos para recabar información sobre los hechos. Los operativos fueron en el propio aeropuerto y también en las oficinas comerciales de AA2000, en el barrio porteño de Palermo.
“El allanamiento forma parte de la diligencia del proceso penal. La empresa está a entera disposición de la Justicia”, señalaron en ese momento a Clarín desde AA2000.
Las claves del caso
El actor principal de esta trama es Marcos Aguirre, un prestador importante de PAMI y dueño de Sanity Care Group, quien había casi cerrado un acuerdo con la fundación Nexus para testear masivamente a los turistas.
Pero algo ocurrió y el empresario abandonó de pronto Nexus para armar una alianza con Bio Fab Research, del empresario Jorge Fabrello. Sucedió poco antes de que el Gobierno obligara a hisoparse a todos los viajeros que llegaran del exterior.
Así, un negocio pequeño se volvió millonario y Nexus, que se autodefine como “referente del sector” y con amplios vínculos con el Ministerio de Salud, quedó afuera. Los empresarios asocian el destape del escándalo de Ezeiza con esa ruptura.
Del nuevo acuerdo entre Aguirre y Fabrello nació LabPax, que el periodista de La Nación Diego Cabot descubrió que presentaba varias irregularidades. Lo más sorprendente: fue creada de apuro por dos monotributistas sin antecedentes en servicios de salud, firmó un contrato con AA2000 y se quedó con el negocio.
JPE
Fuente Clarin
