Aunque hubo estudios y simulaciones, el Gobierno avanzó en la primera suba de tarifas sin una política de segmentación de subsidios en los servicios públicos. La tarea quedará para más adelante y provoca un debate entre los economistas: quieren saber el criterio que adoptará el Poder Ejecutivo.
La idea que circula en la secretaría de Energía -donde actúa el cuestionado subsecretario Federico Basualdo– es definir los subsidios a través de la información que posee el Poder Ejecutivo sobre el poder adquisitivo de los usuarios. Eso implicaría la utilización de datos de los clientes que están en manos de la administración tributaria (AFIP). El “entrecruzamiento” de datos es una fórmula que no termina de convencer a varios expertos.
También se explora la “geo-referenciación”, porque guardaría relación con los barrios en los que viven los usuarios. Ese modelo tiene similitudes con uno utilizado en Colombia, que no funcionó.
En el Gobierno se habla de “subsidios cruzados”: los sectores de mayores ingresos pagarían mayor costo de las tarifas, mientras que los de menores ingresos abonarían menos en sus facturas mientras conservan las actuales subvenciones. “Es posible debatir, pero la primera contra es que se superpone a la norma vigente, las leyes que reglamentan el funcionamiento del sector prohíben taxativamente los subsidios cruzados”, señala Alejandro Eintoss, consultor de Energía y servicios públicos.
“El ministerio de Economía tiene razón en decir que este esquema actual es de una ineptitud conceptual. Pero hay una teoría detrás de esto”, razona Fernando Navajas, economista jefe de Fiel. ”La teoría es la de Flacso, a partir de trabajos de Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo (padre del subsecretario Federico Basualdo) , que critican los ajustes tarifarios en general, porque los consideran inequitativos”, detalla.
Argentina viene estableciendo sus precios de energía eléctrica y gas en base a “los bloques tarifarios”, en decir que se cobra a los hogares por lo que consumen. “Pero el consumo está débilmente relacionado con los ingresos. Una familia grande y pobre tiene mucho consumo, porque posee heladeras viejas, tiene que usar el motor para calentar el agua”, dice Navajas. “No sirve como referencia”, señala.
Dentro de lo que circula en el Gobierno, los clientes de barrios “pudientes”, como Puerto Madero, se quedan sin subsidios, mientras que otras localidades (como municipios del conurbano) quedan más subsidiadas. El problema de ese esquema es que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner lo intentó (en el segundo mandato) y no obtuvo los resultados esperados.
En todos los municipios del conurbano hay segmentos que pueden pagar tarifas plenas. Y, al revés, hasta en los barrios de mayores ingresos (como el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires) también hay cantidad de hogares cuyos ingresos serían insuficientes y que necesitan subsidios.
“Venimos estudiando distintos modelos de subsidios desde 2008: el chileno es interesante. Se llama ‘comprobación previa de los medios de vida’, donde puede servir utilizar la AUH como referencia. Brasil -con los gobiernos de Dilma Rousseff y “Lula” Da Silva- también hizo algo parecido”, explica Navajas, de FIEL, que considera ambas recetas interesantes, para poder ser replicadas en Argentina.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue senadora en 2018, utilizó una presentación de Navajas para criticar la política tarifaria de la administración anterior. Navajas marca errores en ambas gestiones. “Desde 2011 a 2015, hubo una caída del 75% en los ingresos por electricidad. Y la administración de Cambiemos provocó un exceso de transferencia de ingresos muy grande (hacia las empresas)”, objeta.
“En Colombia se utilizó un criterio de seis estratos sociales vinculados al barrio en el que se vive. Pero ese esquema tiene muchos problemas en sociedades como la Argentina de alto compacto urbano, donde convive gente de distintos colores en el mismo barrio”, explica Navajas. Ese modelo tiene coincidencias con la georerefenciación que explora la secretaría de Energía.
La otra posibilidad es alguna ampliación de la “tarifa social”. A través de la información que posee a través de ANSeS, se podría ampliar el porcentaje de los usuarios que puedan acceder a ese descuento.Con un 42% de pobreza, hay terreno para que vastos sectores que son consumidores de energía no tengan que pagar su costo por su costo. Eintoss lo considera un “buen instrumento”, mientras que Navajas entiende que no resuelve los problemas.
Fuente Clarin
