Aseguran que es posible segmentar las tarifas y evitar su sesgo “pro rico”

Mientras el Gobierno demora una definición sobre la segmentación de tarifas, los especialistas sostienen que esa medida es factible de ser aplicada y que podría resolver el carácter “pro rico” del esquema vigente. Así lo señaló un informe de la consultora Ecolatina publicado este domingo que advierte sobre el impacto de mantener el régimen de subsidios pero también de eliminarlo en un año electoral.

En concreto, la consultora plantea que “el diseño de la transferencia (de subsidios) es progresivo, pero pro-rico”, una expresión que utilizó el viernes pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán, al hacer un autocrítica tras su intento fallido por despedir al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, quien se opuso a la suba del 20% propuesta por su superior y se plantó en el 9% finalmente aplicado.

En ese contexto, el sistema actual -según Ecolatina- implica que “el monto recibido por los usuarios de menores recursos representa un porcentaje mayor de sus ingresos, en tanto las tarifas tienen un peso mayor en su canasta de consumo”. “Sin embargo, a la vez, quienes más poder adquisitivo poseen reciben una mayor porción de subsidios totales, en tanto utilizan más gas y electricidad”, explicó.

El informe afirma que ese problema de equidad podría ser resuelto diferenciando a los usuarios, una alternativa que estudia el Gobierno, aunque sin avances concretos por ahora. “Considerando las experiencias del IFE y la Tarifa Social Eléctrica, las bases de datos de AFIP y de ANSES, entre otros, esto pareciera ser viable técnicamente -y así argumenta el ministro Guzmán-”, dijo la consultora.

De acuerdo con el reporte, una segmentación “agudizaría la progresividad y ayudaría a corregir el carácter pro-rico de dicho gasto”. Pero la implementación de este esquema “sigue postergándose, provocando que el desfasaje entre las tarifas y la inflación del resto de productos sea cada vez mayor”, cuando podría tener un “mejor uso posible de estos recursos”.

“Por llevarlo al extremo, si se eliminaran completamente los subsidios energéticos, podría recortarse en 7 puntos la alícuota del Impuesto al Valor Agregado o más que quintuplicarse la Asignación Universal por Hijo, ya focalizada en las familias de menores recursos”, citó como ejemplo la consultora.

Alerta en el Gobierno

Según los datos oficiales, los subsidios económicos saltaron más de 100% en 2020 y crecieron casi 80% anual en el primer trimestre del 2021, duplicando a la inflación. Estos números muestran el creciente peso como porcentaje del PBI, pasando de 1,6% en 2019 a más de 3% este año, una dinámica que encendió luces de alerta en el Ministerio de Economía y desnudó diferencias.

El Estado paga subsidios por la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas; por el consumo residencial de garrafas; al transporte automotor, ferroviario y aerocomercial; y a otros (sector agro e industrial, provisión de agua y saneamiento y otras empresas públicas). De estas transferencias, las de mayor peso son las destinadas a abaratar los servicios energéticos.

“El volumen de los subsidios depende inversamente del precio de electricidad y gas pagado por los hogares”, indicó Ecolatina, y agregó: “Por este motivo, al elevar el precio de estos servicios se reduce su consumo, disminuyendo el monto total a financiar por el Tesoro”. En otras palabras, sería menos necesario importar energía, lo que es más costoso e insume divisas del Banco Central.

El problema, según la consultora, es que los subsidios vienen elevándose al ritmo del retraso tarifario, generando una “distorsión de precios poco sostenible”, que eventualmente deberá corregirse. Esta situación comenzó hace más de una década atrás, cuando la inflación volvió a escalar sin un ajuste similar de las tarifas ni un criterio equitativo (AMBA pagaba tarifas más baratas que el resto del país.

Durante la gestión de Cambiemos, el monto de subsidios se redujo sistemáticamente con saltos muy importantes de tarifas (principalmente, en Buenos Aires) y llevando este porcentaje de cobertura al 63%, pero causando efectos sobre la inflación general y el nivel de actividad. Hasta que en la primera mitad de 2019 decidió congelar el precio de dichos servicios, una medida que no alcanzó para evitar el triunfo electoral del Frente de Todos.

Luego, Alberto Fernández mantuvo sin cambios la suspensión. Primero, en forma transitoria, y después por la irrupción de la pandemia hasta el 1 de mayo pasado, cuando oficializó la primera suba. “De esta forma, a dos años del inicio del congelamiento, las tarifas de los servicios públicos perdieron la mitad de su valor en términos reales, generando un desequilibrio relevante”, señaló Ecolatina.

El dilema de los subsidios

La consultora reconoció, sin embargo, que los ajustes en las boletas impactan en los ingresos de los hogares, reduciendo su capacidad de consumo, y, además, sobre la dinámica inflacionaria. En ese sentido, “puede comprenderse el motivo -afirmó- para postergar las actualizaciones, ya que las mismas agravarían la caída del salario real en una economía muy golpeada y a poco de las elecciones”.

Mientras que, por otra parte, el sostenimiento de los subsidios impacta en las cuentas externas. “Las importaciones de energía se multiplicaron por más de 12 desde 2004 hasta 2013, deteriorando la balanza comercial energética”, señaló el estudio. Así, la economía pasó de un superávit de US$ 6.000 millones en 2006 a ser un importador neto de energía por más de US$ 7.000 millones en 2013.

Ahora, el Gobierno necesita dólares para afrontar la deuda con los acreedores. “Pensando en el bajo nivel de Reservas netas y los compromisos con organismos multilaterales de crédito que hay por delante, podemos afirmar que los subsidios son un gasto ineficiente, costoso en pesos y dólares, en un país con un déficit fiscal y una necesidad de divisas importantes”, indicó el estudio.

Para la consultora, “aumentar las tarifas puede ser indeseable en lo inmediato y afectar al humor electoral”. Pero “si su congelamiento demanda crecientes recursos fiscales y de dólares, el resultado podría ser incluso peor: mayores expectativas de devaluación o un salto de los tipos de cambio paralelos afectarían más al humor electoral que una actualización del precio de los servicios públicos”.

JMB

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Fuente Clarin