Es inconstitucional el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso para blindar legalmente la potestad nacional para poner restricciones por la pandemia, según la opinión coincidente de cuatro abogados constitucionalistas consultados por Clarín.
Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, Juan Vicente Sola y Félix Lonigro coincidieron en destacar que el proyecto oficial invade competencias provinciales en temas de salud y educación, a contramano de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en un caso similar como fue el reciente conflicto por el DNU presidencial y la ciudad de Buenos Aires.
“El proyecto tiene muchos problemas”, dijo Gargarella a Clarín. “El primero tiene que ver con la delimitación de los plazos de su vigencia, que debe hacerlos el Congreso de modo muy estricto. Además, choca con el fallo de la Corte, relacionado con el federalismo y con las facultades prioritarias de las provincias (incluyendo a CABA) en relación con la Nación. En tercer lugar, el proyecto choca con el otro pilar fundamental del fallo, que se refiere al modo hiper restrictivo con que pide leer las acciones del poder politico en relacion con derechos constitucionales básicos, como el de educación”, sostuvo Gargarella.
En el mismo sentido se expresó el constitucionalista Félix Lonigro, para quien una ley “no purga el vicio de inconstitucionalidad del decreto vigente, porque tampoco el Congreso puede invadir potestades provinciales”.
“Las provincias son ‘agentes naturales’ del Gobierno Nacional para hacer cumplir las normas nacionales, pero siempre que las autoridades nacionales ejerzan facultades propias, y no de las provincias”, explicó Lonigro.
Es que la Constitución es muy clara en ese aspecto. Pero el presidente Alberto Fernández, en su proyecto de ley, interpretó esa facultad como si fueran “delegados” del gobierno nacional que implementan políticas violatorias de las autonomías provinciales.
De hecho, la semana pasada la Corte Suprema resolvió que el Gobierno con su DNU violó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires al suspender las clases presenciales y respaldó el reclamo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Incluso la máxima instancia judicial planteó que su posición sería idéntica si las restricciones fueran aplicadas por otros decretos o una ley del Congreso nacional.
“Es inconstitucional y al mismo tiempo innecesario” este proyecto de ley, advirtió el constitucionalista Juan Vicente Sola.
“El Congreso no puede hacer a través de una ley lo que la Corte le ha dicho el Presidente que no puede hacer por decreto”, dijo Vicente Sola a Clarín. Y agregó: “El problema no es decreto versus ley. El problema es reconocer la competencia fundamentalmente provincial para regular la educación y la salud”.
Para el constitucionalista Daniel Sabsay, este proyecto no solo es inconstitucional, sino que además “es una confrontación con la Corte Suprema. Lo que rechazó la Corte en el DNU para la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno lo repite ahora a través de una ley, a pesar de que la Corte ya avisó que son facultades locales de salud y educación y que fallará de idéntica manera en situaciones similares”.
Sabsay destacó el rol histórico que tuvo ese fallo. “Fue la primera vez que la Corte Suprema decretó la inconstitucionalidad de un DNU de un Presidente en ejercicio. Las otras veces eran DNU de presidentes anteriores. Nunca, hasta ahora, se le había animado a un presidente gobernando”.
Pero parece que el presidente Alberto Fernández no registró la magnitud del fallo de la Corte y ahora vuelve recargado. Pretende que una ley le dé más volumen a una decisión que los cuatro especialistas consultados por Clarín tildaron de inconstitucional.
En el fallo de la Corte, “con distintos argumentos y términos, todos los jueces dicen que la crisis sanitaria o la emergencia o la invocación del bienestar general, no pueden ser excusa para limitar derechos constitucionales básicos. Además, la Constitución refuerza ese ‘muro’ puesto por el fallo, porque dice que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio“, concluyó Gargarella.
Fuente Clarin
