Las aulas en las principales ciudades de la provincia que gobierna Alicia Kirchner se encuentran cerradas en los niveles inicial, primario y secundario, desde marzo de 2020. La explicación de las autoridades es que los estudios epidemiológicos no habilitan las clases presenciales aún. Un grupo de padres, viendo el resultado favorable de la Ciudad de Buenos Aires ante la Justicia, presentó un amparo en Santa Cruz reclamando la vuelta a las clases presenciales.
Santa Cruz reportó este lunes 109 nuevos casos de Covid-19, un total de 2.710 casos activos y 729 personas fallecidas. Junto con el detalle de los números, se especificó que ya se aplicaron 66.827 dosis de vacunas.
La situación es compleja para la provincia, siendo que aún hay al menos tres de sus localidades principales las que son consideradas con mayor transmisión comunitaria, lo que impidió que las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) autoricen el regreso a las clases presenciales.
Se trata de la capital santacruceña, Río Gallegos; la segunda ciudad que le sigue en densidad poblacional, Caleta Olivia -ubicada al norte de la provincia- y el polo turístico por excelencia, El Calafate.
Esas ciudades tienen sus aulas cerradas desde el 20 de marzo del 2020, cuando el presidente Alberto Fernández firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableció el primer confinamiento.
La situación se extendió por un año también en otras ciudades que adquirieron en algunos niveles una modalidad combinada, es decir parte del dictado se realiza de forma presencial y otro virtual, como explicaron a Clarín desde el CPE.
Pero habiendo transcurrido más de un año, en las ciudades que concentran la mayor cantidad de población y mantienen las aulas cerradas, un grupo de padres de escuelas privadas y públicas se presentó ante la justicia con una acción de amparo: reclaman la educación presencial.
La situación tuvo como como antecedente el debate que libró la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y que finalmente ganó ante la Corte Suprema de Justicia. Allí reclamó que un DNU no puede cerrar las 2.359 escuelas bajo jurisdicción porteña, entendiendo que la potestad sobre el gobierno de la educación le fue conferida a la CABA constitucionalmente.
En Capital Federal las escuelas se abrieron en febrero de este año y permanecen activas. Los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud de la Ciudad sostienen que los establecimientos educativos no son focos de los principales contagios, que sirven además de detección primaria de casos y que el costo de suspender la educación presencial es muchísimo más elevado.
En Santa Cruz, un grupo de padres autoconvocados tanto de Río Gallegos como de El Calafate buscaron seguir ese camino y en la acción de amparo iniciada sostuvieron que la educación no se sostiene más bajo la modalidad virtual, entre otros motivos por los problemas de conectividad que tiene la provincia. Pero sobre todo, destacaron que con los protocolos correspondientes se puede llevar adelante un plan que permita retornar a las aulas.
Ante la consulta de Clarín, desde el Consejo Provincial de Educación se explicó que la decisión de qué localidades cuentan con presencialidad, dan clases virtuales o trabajan bajo un sistema combinado responde a estudios realizados bajo dos variables: la situación epidemiológica y la vacunación de los docentes.
A la fecha, los números oficiales indican que el 20% de los maestros santacruceños ya fueron inoculados. Este fue el criterio defendido por las autoridades provinciales: “no se habilita presencialidad sin vacunación de docentes”, indicaron.
Fuente Clarin
