Ocho días después de que la Corte Suprema de Justicia resolviera en favor de la Ciudad de Buenos Aires en la discusión sobre las clases presenciales, autoridades del gobierno porteño y de Nación asistirán este miércoles desde las 11 al máximo tribunal en el marco de la segunda audiencia convocada para resolver las diferencias en torno a la quita de coparticipación que decidió la Casa Rosada en septiembre del año pasado.
Será el preámbulo del encuentro ejecutivo que acordaron la semana pasada desde ambas administraciones, que se concretará el próximo martes 18 y que reunirá a funcionarios del Ministerio del Interior con autoridades de la Ciudad, con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza.
La audiencia en la Corte repetirá los actores del 29 de abril, cuando se produjo el primer encuentro en el cuarto piso de los tribunales de Talcahuano. Por la Ciudad asistirán el ministro de Hacienda y Finanzas Martín Mura, el secretario de Justicia y Seguridad Marcelo D’ Alessandro y el procurador general Gabriel Astarloa. Del lado de Nación se prevé que se repitan los mismos nombres también: los tres abogados que envió el Ministerio de Economía, Ricardo Yamone, Sergio Acevedo y Guillermo Anderson. Por la Corte, en el primer mano a mano estuvo el secretario de Originarios, Alejandro Rodríguez.
Desde la Ciudad se analizó pedir la postergación del encuentro en la Corte, teniendo en cuenta la proximidad del diálogo con Nación por la vía política, instancia solicitada precisamente desde el máximo tribunal. Sin embargo, se decidió asistir, precisamente para comunicar formalmente la reunión del 18, pero también para resaltar que esa invitación se aceptó en el ámbito del diálogo iniciado por la Corte y no por la ley de coparticipación que aprobó el Congreso y que la Ciudad impugnó en la Justicia.
En la Ciudad quieren dejar en claro que no retrocederán en su reclamo ante la Corte, que fue por dos vías diferentes. Primero, mediante un amparo para que se frene la quita de coparticipación, que es de $ 200 millones diarios y ya asciende a un global de $ 36.000 millones desde septiembre de 2020. Pero también por la causa central, que considera inconstitucional la ley que se sancionó el año pasado.
Fuente Clarin
