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El caso Itatí, también conocido como “Operativo Sapucay”, es uno de los expedientes de narcotráfico más completos que se hayan investigado en los últimos años.
Y lo es tanto por los distintos niveles de responsabilidades como de complicidades en juego: tres capos narcos de Corrientes presos, 18 toneladas de marihuana secuestradas, un juez federal y sus dos secretarios procesados por cobrar coimas, policías locales y federales, gendarmes, prefectos y abogados… todos mancomunados en el negocio millonario del tráfico de drogas.
Pero además de su gravedad institucional, Itatí es una causa que no deja de ofrecer “perlitas”. La última: Mariana Barbitta, quien en los tribunales de Comodoro Py representa a Luis Alberto “Gordo” Saucedo (señalado como el narco más importante de los tres involucrados en el caso), también es la abogada defensora del ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila.
El ex magistrado irá a juicio en esa provincia por proteger a los capos de la organización que logró traficar al menos 18 toneladas de marihuana paraguaya.
El hecho de que ambos clientes de Barbitta deban responder ante tribunales distintos (uno en Corrientes y otro en Capital Federal) podría interpretarse como que se trata de casos distintos también.
Pero no es así como se encaró la investigación ni como lo ve la fiscalía, que habla de una misma organización amparada por los mismos funcionarios. En realidad ,todo surgió surgió de una misma causa que tuvo distintos desprendimientos.
Los dos lados del mostrador
La versatilidad de Barbitta en el expediente Itatí quedó a la superficie el pasado 6 de mayo gracias a un escrito presentado por la abogada de Soto Dávila ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Capital, que están en la recta final de un juicio contra casi medio centenar de acusados.
En cuatro carillas, Soto Dávila -a través de Barbitta- le solicitó a los jueces que intimen al fiscal Diego Iglesias a no mencionarlo más en sus alegatos, ya que él no está siendo juzgado en ese debate.
“Esta situación debe detenerse en este mismo momento debiendo intimarse al fiscal Diego Iglesias a que se abstenga de mencionarme. Ello, sin perjuicio de reservarme el derecho de denunciar al Ministerio Publico Fiscal por posible incumplimiento de los deberes de funcionario publico”, dice la denuncia del ex juez federal, que fue rechazada por el tribunal.
Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), comenzó hace dos semanas a alegar en uno de los juicios más grandes de Itatí, un debate contra 45 acusados, 33 de los cuales ya firmaron un juicio abreviado (algunos de ellos también clientes de Barbitta a través de su socio, Mariano Balanovsky).
No es el primer juicio oral del caso ni será el último.
Soto Dávila, que no quiere que se lo nombre en el juicio oral en curso, tiene dos procesos más en la Justicia federal de Corrientes.
El primero -que ya llegó a juicio oral- lo tiene como acusado junto a sus dos secretarios, cinco abogados y tres narcos. Se lo imputa de cobrar coimas a traficantes.
El segundo proceso, por el que ya se lo llamó a declaración indagatoria, se relaciona con la entrega, supuestamente de manera fraudulenta, de cinco vehículos secuestrados.
En cuanto a “Lucho” Saucedo, el narco que también defiende Mariana Barbitta, no llegó al juicio que hoy lleva el TOF 3 (y en el que sí están los otros dos capos: Federico Sebastián “Morenita” Marín y Carlos “Cachito” Bareiro) porque logró mantenerse prófugo casi dos años.
Para cuando lo detuvieron en Paraguay, en septiembre de 2019, el expediente ya habia sido elevado a juicio. Es decir: no está siendo juzgado ahora con el resto simplemente porque no lo agarraron a tiempo.
EMJ
Fuente Clarin
