Argentina
España
USA
Israel
“Queremos que el tema se resuelva desde la política, pero no vamos a ceder en nada”. Apoyado en “información técnica” que también presentó en la vía judicial, el Gobierno se prepara para retomar la discusión con la Ciudad y advierte que mantendrá una postura dura e inflexible por los fondos que, en paralelo al reclamo porteño ante la Corte Suprema de Justicia, tendrá la próxima semana un primer encuentro entre las partes, como lo prevé la ley que impulsó la actual administración para corregir el monto contemplado por el traspaso de la Policía Federal.
Mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, accedió a concurrir a la reunión del martes convocada por la Casa Rosada con la aclaración de que lo hacía en el marco del diálogo propuesto por la Corte y que su presencia el próximo martes de ningún modo implica un renunciamiento al reclamo que hizo ante el tribunal, en el Gobierno resaltan al respaldo “técnico” con el que -dicen- cuentan los ministros Martín Guzmán (Economía) y Eduardo “Wado” De Pedro (Interior) para defender la quita de coparticipación dispuesta primero por decreto por Alberto Fernández y, luego, convalidada -y ampliada- por ley.
En esa línea, sostienen que la Ciudad nunca pudo confrontar con datos concretos el “Informe (Silvina) Batakis). El estudio, realizado por la secretaria de Provincias y refrendado por Guzmán, determinó que entre 2015 y 2019 la Ciudad recibió 86.269 millones de pesos adicionales a lo que le correspondía para hacer frente a los costos y gastos que representó durante el período el funcionamiento de la Policía porteña.
Según la perspectiva de la Casa Rosada, el “nivel de detalle” que aportó ese documento presentado por Nación “respalda con claridad la decisión del Presidente” y no fue rebatido por la administración porteña. “Desde lo técnico, no hay dudas de que se calculó mal”, señalan. Con ese argumento, en el Gobierno sostienen que no hay margen para hacer concesiones en la negociación: “Por ahora no se piensa en pedir que devuelvan lo que recibieron de más, pero tampoco podemos movernos del número que fijó el Congreso”, se plantan.
No obstante, la Ciudad, en las rendiciones de gastos que realizó en los cuatro años anteriores ante la Comisión Federal de Impuestos que integran las 24 provincias, comprobó que el monto que destinó a la Seguridad Interior superó lo que ingresó y, en consecuencia, argumenta que el aumento de la coparticipación fue un derecho legítimo recibido a partir del traspaso de un servicio, como establece la Constitución.
En Nación, insisten, el problema es que se transfirió de más. Tras los recortes dispuestos por el Gobierno, los fondos que la Ciudad recibe para mantener el funcionamiento de la Policía porteña hoy son 24.500 millones de pesos al año, actualizables trimestralmente por un coeficiente compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC).
Esa cifra quedó establecida, a la espera de un acuerdo bilateral entre ambos Ejecutivos, por el proyecto aprobado en diciembre con el que el Gobierno, una vez iniciada la batalla judicial por el decreto de Alberto F. que modificó otro similar de 2016 firmado por Mauricio Macri, para rebajar de 3,5 a 2,32 por ciento la coparticipación de la Ciudad.
Con este contexto, al Gobierno no le afecta la dilación de las negociaciones como ocurre con la administración porteña, que desde septiembre, por el decreto de Fernández, ya dejó de recibir unos 35 mil millones de pesos.
“Nosotros estamos abiertos al diálogo y respetamos los lineamientos que planteó el Congreso. Por eso le hicimos todas las invitaciones a Larreta”, dicen en el Gobierno. Y advierten que “la Corte, en la primera audiencia, ratificó que ese es el ámbito de la discusión”. De todos modos, la rigidez de cara a la negociación complica la posibilidad de un acuerdo. Todavía recuerdan en el primer piso de la Casa Rosada cuando durante los primeros meses de charlas, Alberto F. se mostraba dispuesto a acordar una quita menor a un punto (se barajaba entre 0,5 y 0,75), consensuada y con una foto con final feliz de ambos lados, pero Larreta se negó a aceptarla.
La Ciudad, sin perspectiva de una propuesta razonable, apuesta todo a la Corte: con un amparo, con el que pretende frenar la pérdida diaria de fondos, o directamente con la declaración de inconstitucionalidad de la ley.
Fuente Clarin
