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Después de que lo hiciera Cristina Kirchner, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena también pidió la nulidad del juicio por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, que se había iniciado tras la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. En ese expediente se procesó a la vicepresidenta y ex integrantes de su gabinete, por el delito de encubrimiento agravado del atentado a la AMIA.
Con un escrito de 70 páginas, Mena sostuvo que en el expediente hay una “manifiesta inexistencia de delito”, y por ello solicitó que se dicte su sobreseimiento. Su abogado defensor entendió que la “conducta que se le atribuye fue completamente apegada a la ley”.
Bajo esa misma línea, el ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pidió que la Cámara Federal de Casación dicte la nulidad de todo lo actuado, “en razón de que la reapertura de estas actuaciones, en su momento ya fenecidas, fue propiciada por dos jueces que deberían haberse excusado de intervenir en el trámite, y que sin embargo no lo hicieron”. Así se refirió a los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que admitieron haber mantenido reuniones en la quinta de Olivos con Mauricio Macri durante su presidencia.
Para su defensa, Mena “no cometió ningún delito. Muy por el contrario, dedicó gran parte de su tránsito por la función pública luchar contra la impunidad que rodea, desde hace veintisiete años, al atentado contra la sede de la AMIA”.
De realizarse el debate oral, se juzgará a los acusados por el supuesto intento de encubrir a los cinco imputados iraníes acusados de haber sido los autores intelectuales del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, hecho que denunció en el 2015 el fallecido fiscal Alberto Nisman. Según estableció la justicia, el atentado fue perpetrado por un comando de la Jihad islámica del Hezbollah.
Para Mena, en cambio, todo responde a una persecución política. El segundo de Martín Soria en Justicia dijo que hace seis años “está sometido a este proceso de forma totalmente ilegal, con una vulneración constante de sus garantías constitucionales”. En una respuesta política a su pedido ante la justicia, indicó que “es hora de acabar con esta pantomima. La total carencia de sustento de este proceso es conocida por todos: acusadores, defendidos, jueces y hasta políticos y periodistas de todas las corrientes”.
Así, utilizó los mismos argumentos que Cristina Kirchner que hace diez días pidió la nulidad del caso. El viceministro de Justicia hizo otra defensa política y señaló que “es hora de que la política se discuta en los órganos políticos y de que los estrados judiciales dejen de ser el teatro de operaciones de disputas que poco tienen que ver con las competencias de la justicia penal”.
Cristina Kirchner hizo otro pedido ante los jueces. Para ampliar los argumentos de su planteo, la vicepresidenta requirió que la Cámara de Casación, habilite la publicidad de la audiencia a la que suele convocarse en tales circunstancias. “Dada la trascendencia que reviste el presente proceso, tal audiencia deberá ser llevada a cabo de manera pública, autorizándose a los medios de comunicación que así lo requieran a su transmisión en vivo”, indicó Cristina Kirchner.
La acusación
El 7 de diciembre de 2017, el juez Claudio Bonadio pidió el desafuero y prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner. En aquel momento, la procesó por traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional, todo vinculado al pacto con Irán como supuesto beneficio para los acusados del atentado de la AMIA. Según la justicia, Cristina y varios de sus funcionarios diseñaron un “plan criminal” para “dotar de impunidad” a los iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía.
En la causa del Pacto con Irán, que arrancó en 2015 tras la denuncia de Nisman, están procesados varios ex funcionarios que ahora ocupan cargos en el gobierno de Alberto Fernández. Si la Casación no acepta los pedidos de Cristina y Mena, el año que viene arrancaría el juicio oral.
Para la Justicia, el Memorándum tenía como finalidad que los ciudadanos iraníes acusados por el ataque terrorista “pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad”. Así, se los liberaba de “toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.
Los acusados son Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge Khalil, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Alan Bogado. También fue procesado el fallecido ex canciller Héctor Timerman.
Fuente Clarin
