Un grupo de funcionarios de la AFIP que declaró en las últimas audiencias en el juicio por corrupción en la obra pública contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez, declaro describió una maniobra con facturas truchas llevada adelante por el empresario K para quedarse con la plata de la obra pública que le entregaba el Gobierno de los Kirchner. En total, estimaron que con la maniobra se quedaron con unos US$ 120 millones.
Los funcionarios de la AFIP eran parte de la regional de Comodoro Rivadavia y confirmaron -bajo juramento y obligados a decir la verdad por ser testigos- que se emitían facturas truchas a través de la empresa constructora Gotti, que era parte del grupo Báez, por los fondos de las obras viales.
La maquinaria de Austral Construcciones abandona y destruid por el paso del tiempo. Foto Francisco Muñoz
La acusación que llevó a Cristina a su primer juicio en un caso por corrupción sostiene que desde el Gobierno kirchnerista y diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública, se “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por esa suma multimillonaria.
Los funcionarios de la AFIP empezaron a declarar en esta etapa del juicio ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, que buscan desentrañar la presunta existencia de una estructura administrativa y estatal para quedarse con la plata pública
La empresa constructora Gotti S.A propiedad de Báez con la usaba facturas truchas. Foto Lucía Merle.
Los funcionarios del organismo recaudador contaron que, efectivamente, detectaron una usina de facturas apócrifas que utilizaba Gotti Hermanos, integrante del holding de Lázaro Báez. Esas cifras reflejadas en la facturación “correspondía a obra pública”, indicaron ante el TOF 2 y el fiscal del juicio, Diego Luciani.
Gotti Hermanos SA fue adquirida por Lázaro Báez. La constructora se utilizó según la imputación, para “simular licitaciones, con propuestas que mostraban una escasa diferencia en su cotización a favor de aquella que estaba preseleccionada para ganar”. Así, según la fiscalía el empresario K logró “monopolizar la obra vial”.
Una vista aérea del edificio central de Austral Construcciones en Río Gallegos hoy abandonado y destruido. Foto Francisco Muñoz
Se presentaban las empresas del Grupo a la misma licitación con escasa diferencias en sus ofertas. Un ejemplo: las obras sobre la Ruta Nacional N ° 3 tramo Rada Tilly Km 1867. Gotti ofertó 216.284.948 pesos (con garantía de $ 2.162.849), KyC 214.046.867 pesos, (con garantías por $ 2.140.468). Como ambas empresas eran de Báez correspondía la pérdida de ambas garantías, algo que no sólo no ocurrió sino que el Estado no rechazó las ofertas asignándole la obra al socio comercial de los Kirchner. Esto fue calificado como una “simulación” de la competencia de precios, ya que se buscaba “asegurarle la adjudicación al Grupo Báez”.
En ese marco, los funcionarios de AFIP hablaron de facturas apócrifas por más de “500 millones de pesos de evasión que al pasarlo a dólar daba un promedio de 120 millones de dólares “, explicaron fuentes judiciales.
La hipótesis de los investigadores es que con las facturas truchas podrían haberse escondido sobreprecios para quedarse con esos fondos de manera ilegal.
La empresa que utilizó este sistema de facturación ilegal, fue clave para otro mecanismo denunciado: La creación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) para “aparentar” que se harían cargo de la obra pero, el objetivo era simular una mayor capacidad de la que se tenía “para luego de adjudicada la obra a la UTE, ésta podría ceder el contrato a la empresa del Grupo Báez “. Por ley esa maniobra no podía ejecutarse.
En cinco casos, el holding con Gotti se presentó a licitaciones públicas en UTE, asegurando que la participación mayoritaria en la inversión y ganancia la realizaba o Gotti o Sucesión Adelmo Biancalani. Así se realizó en las obras básicas de pavimento en Ruta Provincial 43 (tramo Fitz Roy-Pico Truncado), su presupuesto era de 75,8 millones de pesos y la capacidad de contratación anual exigida era de 38 millones.
“La obra se atrasó puesto que se confió a una empresa que no podía ejecutarla”, señalaron los fiscales. En consecuencia el gasto se incrementó a 150 millones de pesos.
Fuente Clarin
