Llega el “plan Kicillof”

Por Christian Sanz

¿Fue un éxito o un fracaso el viaje de Alberto Fernández por Europa? Se sabrá en los próximos días, cuando se revele qué hará el Fondo Monetario Internacional respecto de los pedidos del presidente argentino.

Ahora mismo, el mandatario festeja por el “álbum de fotos” que trajo consigo, pero es solo eso: imágenes de una gira que buscó conseguir un “changüí” por parte del FMI. Si aquellas postales sirven o no sirven finalmente se sabrá en las horas venideras.

¿Logrará Fernández que aquel organismo, otrora inflexible, le conceda alguna ventaja a la hora de pagar la deuda tomada por Mauricio Macri?

Según economistas consultados por Tribuna de Periodistas, ello sería un hecho. Habría algún tipo de facilidad, aunque con una condición: la exigencia de un plan económico concreto y factible. Ya mismo se anticipa que tendrá la resistencia del kirchnerismo duro.

Es curioso, porque las principales trabas que se han impuesto al presidente argentino provienen justamente de su propio espacio político, no de la oposición, que ha optado por un mesurado silencio.

Por caso, mientras Fernández recorría Europa buscando la benevolencia del Fondo, en el Senado Nacional se discutía un proyecto de ley que busca que los Derechos Especiales de Giro (DEG) aportados por el FMI al país no sean utilizados para aquello que exige este organismo, sino para enfrentar presuntamente la pandemia del coronavirus.

Quien presentó la propuesta en el Congreso Nacional no fue un legislador de Juntos por el Cambio, sino Oscar Parrilli, valet —y alter ego— de Cristina Kirchner.

Se suma esta iniciativa a aquella denuncia que presentó el cristinismo contra Macri por aquel endeudamiento que alcanzó los 44 mil millones de dólares. Una movida que, por carácter transitivo, alcanza al mismísimo FMI.

Flaco favor para Alberto, quien a su llegada se encontró con una economía más convulsionada que lo esperado. Con un índice de inflación que superó las optimistas proyecciones de Martín Guzmán y que echan por tierra las pretensiones del Presupuesto Nacional, que plantea un anualizado del 29%.

Fiel a su estilo, el kirchnerismo ha encontrado un culpable perfecto: no se trata de la brutal emisión monetaria sin respaldo, sino de la figura de Marco Lavagna, titular del INDEC, a quien le habían pedido que vulnere secreto estadístico y se resistió a hacerlo.

No es el único apuntado: Paula Español, titular de la Secretaría de Comercio Interior, también ha sido puesta en el banquillo de los acusados. Por no haber hecho lo que en su momento impulsó Guillermo Moreno: controlar los precios a fuerza de amenazar a los empresarios. Como si ello hubiera servido para algo finalmente.

En tal contexto, el Gobierno pergeña una nueva ocurrencia: el “plan Kicillof”, a efectos de frenar la escalada inflacionaria. No se trata de ninguna genialidad, solo de congelar todo por 180 días. Una suerte de remake del “Plan Primavera” de Raúl Alfonsín. Vale preguntarse: ¿Tendrá el mismo trágico final?

Como sea, la ilusión del congelamiento de precios solo será hasta que se celebren las elecciones legislativas. Luego, habrá que persignarse y atenerse a los incrementos acumulados, que oficiarán como una olla a presión a la que le quitan la tapa.

En otro orden de cosas, este martes el kirchnerismo avanzará de manera firme con la reforma de la ley de Procuración General de la Nación, a través de la convocatoria de un plenario de comisiones: tanto la de Asuntos Constitucionales como la de Justicia, de forma presencial.

El ministro de Justicia, Martín Soria, le prometió a Cristina que lograría sancionarse finalmente la norma, con la ayuda de puntuales diputados de partidos minoritarios, uno de los cuales es el siempre inefable José Luis Ramón. A estos les prometió pequeños cambios en la ley, en búsqueda de dividir a la oposición.

Con el horizonte puesto en la aplicación del sistema acusatorio en casi todo el país, donde los fiscales tendrán todo el poder para investigar la corrupción —y otras cuestiones—, la movida se revela peligrosa y poco republicana. Porque el procurador es, no casualmente, el jefe de los fiscales.

La idea, como puede suponerse, no es mejorar la Justicia sino dominar a aquel que ocupe la titularidad de la Procuración. Ello explica la necesidad de modificar las mayorías para elegirlo.

Las malas lenguas hablan de Banelcos y favores monetarios de diverso tenor a la hora de conseguir votos que apoyen la avanzada K.

Habrá que prestar atención a los legisladores que cambien su decisión a último momento. Allí estará la clave… o una de ellas.

Fuente Tribuna de Periodistas