Mientras la Cámara de Diputados arde con promesas, presiones, traiciones y sospechas cruzadas entre legisladores de todos los bloques, más instituciones alertan sobre el grave peligro institucional que causa el proyecto K para someter a los fiscales y designar a su jefe, el Procurador General de la Nación, sólo con los votos oficialistas. El Club Político Argentino manifestó este lunes su rechazo al considerarlo “gravemente perjudicial para los equilibrios institucionales consagrados en nuestra Constitución”, y la Federación de Colegios de Abogados estima que si se aprueba el plan del gobierno “puede generar la conversión del Ministerio Público Fiscal en una espada del poder político del gobierno de turno para perseguir opositores, o en un escudo para asegurar la impunidad de quienes faltaren a la ley”.
En una declaración publicada este martes, el Club Político Argentino afirmó que “el Procurador General de la Nación y los fiscales deben ser autónomos de las mayorías coyunturales”. Según la entidad, que agrupa a intelectuales y ex funcionarios de distintos gobiernos, “la esencia del proyecto es facilitar al oficialismo la designación y remoción del Procurador, permitiendo que la actual mayoría senatorial (y las futuras también) controlen un órgano que la reforma constitucional de 1994 definió como ‘independiente’, y ”con autonomía funcional y autarquía financiera'”.
La entidad recuerda que “el punto central de la reforma, entre otros que apuntan en el mismo sentido, es reducir la mayoría senatorial necesaria para designar al Procurador, de los actuales dos tercios de los miembros presentes, a la mayoría absoluta. Tal reforma implica la diferencia entre un Procurador políticamente independiente (porque su designación requeriría un acuerdo entre el oficialismo y una proporción importante de los senadores opositores) y uno que virtualmente sería un subordinado de la mayoría senatorial de turno (lo cual hoy significa el bloque del Frente de Todos, comandado por el formoseño José Mayans).”
“El Club Político Argentino rechaza la reforma propuesta por ser gravemente perjudicial para los equilibrios institucionales consagrados en nuestra Constitución y, además, observa con profunda preocupación que se la priorice en un momento en que el país enfrenta gravísimos problemas”. Luego de enumerar los desafíos que plantean la pandemia, la pobreza y la inflación, el texto razona “que en estas dramáticas circunstancias el gobierno nacional emplee buena parte de sus recursos políticos y legislativos en la reforma del Ministerio Público Fiscal confirma la sospecha de amplios sectores de la sociedad: que la prioridad central del Presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner es enlentecer, entorpecer y eventualmente desactivar las numerosas causas judiciales que enfrentan actuales y anteriores funcionarios y funcionarias.”
“La ley que se pretende aprobar debe ser entendida como parte de una estrategia más amplia, que incluyó la reforma judicial lanzada el año pasado y que se manifiesta también en las frecuentes diatribas lanzadas desde el gobierno nacional contra jueces no subordinados, e incluso contra la propia Corte Suprema de Justicia.”
En el final de su declaración, el Club Político advierte que “el mundo enfrenta hace varios años años una ola de retroceso democrático. Está caracterizada no por repentinos golpes o autogolpes, sino por oficialismos elegidos democráticamente que gradual pero persistentemente erosionan “desde adentro” las instituciones más básicas de la vida republicana y democrática: la libertad de expresión, la división de poderes y la independencia judicial. Llamamos a los Diputados Nacionales a que impidan que la Argentina avance en esa dirección. El destino último del viaje es el autoritarismo, del que el país se libró (ojalá para siempre) en 1983.”
A su vez, en un extenso pronunciamiento, la Federación Argentina de Colegios de Abogados -FACA – advirtió que la reforma institucional que ya cuenta con media sanción del Senado “vulnera gravemente la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público conforme lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Nacional”.
La entidad que nuclea a la abogacía organizada del país realizó varias objeciones metodológicas y consideraciones críticas con respecto al proyecto oficialista. ¿La principal? Que “el avance de la política sobre el Ministerio Público Fiscal, atento el poder que a partir del régimen acusatorio detenta sobre la acción penal puede generar su conversión en una espada del poder político del gobierno de turno para perseguir opositores, o en un escudo para asegurar la impunidad de quienes faltaren a la ley”.
“De allí que resulte imprescindible atender especialmente a los regímenes de designación como de destitución del jefe máximo de los fiscales, a fin de evitar su manipulación –nombrando con facilidad, al adicto al régimen y echando con la misma facilidad al rebelde, buscándose por el contrario que el factor decisivo de su nombramiento sea su excelencia técnica e idoneidad moral para el desempeño del cargo.”
El pronunciamiento, que lleva la firma del Presidente de la FACA, José Luis Lassalle, y del Secretario, Marcelo Scarpa, sostiene que las amplias facultades que se depositan en la figura del Procurador General requiere que su designación sea producto de un amplio consenso entre los diferentes sectores políticos.
Fuente Clarin
