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Como un déjà vu, las últimas medidas del Gobierno se parecen cada vez más a las iniciativas propuestas por La Cámpora y el entorno de Cristina Kirchner. De hecho, el cierre de exportaciones de carne por 30 días fue una de las propuestas impulsadas por la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos.
En un documento titulado “claves para mejorar el ingreso real de los asalariados”, la economista destacó la semana pasada las retenciones al maíz y los cupos a la carne como medios para “desacoplar los precios” del mercado exterior ante el “aumento creciente de los alimentos de consumo popular”.
“Para lograr este objetivo, podríamos pensar en distintos instrumentos, entre ellos, la aplicación de retenciones y la aplicación de cupos que, en el caso de la carne, debería combinarse con instrumentos de estímulo para incrementar la producción”, sostuvo Vallejos.
La idea, explicó, es “poder satisfacer la mayor demanda de exportaciones, pero asegurando el abastecimiento interno en un nivel no inferior a los 50 kilos per cápita anual, considerando los niveles de 2020, ya de por sí más bajos que los niveles históricos que supo tener nuestro país”.
La diputada cercana a la vicepresidenta y Máximo Kirchner propuso además una mejora en los salarios del sector público, jubilaciones, pensiones, la AUH y el salario mínimo. El año pasado ya había propuesto excluir de los ATP a las empresas que compraran dólares, medida que se terminó aplicando.
El mes pasado, previo a las restricciones anunciadas, Vallejos exigió un “cierre” de algunas actividades junto con “medidas económicas” y que las personas “con mayor capacidad contributiva y los bancos hagan el mayor esfuerzo para pagar el costo de las restricciones”.
Sin vacunas suficientes, el Gobierno anunció días más tarde un refuerzo de $ 15.000 para las familias que perciben la AUH, la suspensión de las clases presenciales, las restricciones a la circulación, la atención limitada en locales gastronómicos, y el cierre de los centros comerciales y shoppings.
El kirchnerismo también anticipó la política de tarifas. El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue uno de los que salió a rechazar la suba del 15% del ministro de Economía, Martín Guzmán, y el despido del subsecretario de Energía, Federico Basualdo. En ambos casos, se impuso el ala de Cristina.
En materia social habría ocurrido algo similar. Después de la resistencia de Guzmán a ampliar el gasto en su esfuerzo por reducir el déficit fiscal y negociar con el FMI, el Gobierno amplió semanas atrás la tarjeta Alimentar, por lo que el costo fiscal mensual pasó de $ 10.000 millones a $ 30.000 millones.
Tres días antes, el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, advirtió que era “indispensable un IFE”, un subsidio que en 2020 representó una partida de $ 90.000 millones. Las presiones llegaron además desde las calles donde vienen en ascenso los piquetes de movimientos opositores.
NE
Fuente Clarin
