La sangría no se detiene, desde que estalló el escándalo por el retiro de $11,4 millones en bolsos con dinero de la TV Pública. Esta vez le tocó el turno a Julio Postiglioni, mano derecha de Rosario Lufrano, que dejó su cargo como director de Asuntos Legales de Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa que maneja la TV Pública y Radio Nacional.
Se trata del décimo funcionario que deja su cargo en los medios públicos en los últimos dos meses. Quienes aprecian a Lufrano dicen que Postiglioni se fue porque “el funcionario consideró que ya estaba cumplida su etapa”; mientras que los sectores críticos aseguran que lo echaron y, con esta decisión, la presidenta de RTA quedó en una posición aislada dentro de la empresa estatal, ya que “todas las áreas que ella manejaba fueron intervenidas y sus funcionarios desplazados por una decisión del Gobierno nacional”.
Postiglioni era una de las personas de máxima confianza con que Lufrano desembarcó en la TV Pública, cuando fue designada por Alberto Fernández como presidenta de RTA.
Ese funcionario fue el que bloqueó el desembarco de Emilio Lafferriere como director por la oposición en RTA, con un dictamen contrario a su designación, pese a que lo habían elegido en mayo del año pasado por unanimidad de la Comisión Bicameral de la Comisión Audiovisual del Congreso de la Nación. Esa jugada política le permitió a Lufrano evitar los controles de la oposición macrista dentro de la empresa estatal durante más de un año.
Eliseo Álvarez, Rosario Lufrano y Leonardo Flores, durante el fallido acto de asunción de Flores como director ejecutivo de la TV Pública. Duró solo una semana en su cargo. Foto RTA.
La otra persona de extrema confianza de la presidenta de RTA es Carlos Asnaghi, un misterioso asesor todoterreno de la actual gestión, que comparte su oficina con el gerente de Deportes de la TV Pública, pero no cobra un sueldo estatal. Es que como Asnaghi cobró un retiro voluntario en 2018 de la TV Pública, la normativa vigente establece que tiene prohibido ejercer cualquier otro cargo estatal hasta 2023, así que desde hace más de un año que figura en la plantilla del canal, pero trabaja gratis para la gestión actual.
“Lufrano rearmó todo su gabinete por las irregularidades que se cometieron ante el retiro ilegal de dinero en efectivo. Fue un error grave, así que ella necesitaba cambiar a todo su equipo”, dijeron a Clarín fuentes que aprecian a la titular de la empresa de medios públicos.
El reemplazante de Postiglioni es Orlando Pulvirenti, que trabajó como director nacional del RENCAP en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta septiembre del año pasado, donde quedó como asesor; y previamente había sido gerente de Asuntos Jurídicos del INCAA, entre 2010 y 2015, cargo similar al que tendrá ahora con la actual gestión en RTA.
Postiglioni fue el décimo funcionario en dejar su cargo desde que estalló el escándalo por el retiro de $11,4 millones en bolsos en efectivo, que supuestamente eran para pagarle a los proveedores de la miniserie Los amores prohibidos de Belgrano.
Durante los últimos dos meses ya renunciaron dos directores ejecutivos de la TV Pública: Eliseo Alvarez, que sufrió picos de presión cuando estalló el escándalo de los bolsos; y Leo Flores, que duró solo una semana en el cargo por presiones ideológicas de sectores ultracristinistas y tuvo que volver a su cargo anterior, como gerente artístico del canal.
Además echaron a Guillermo Siaira y a Diego Pascual, directores de Administración y Finanzas y de Personal, que estaban alineados con el asesor presidencial Pepe Albistur; y al gerente de Producción, Ernesto Molinero. Los tres tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias, a pedido de Lufrano.
Después les prohibieron el ingreso al canal a Alejandro de la Torre, subdirector de Administración y Finanzas; a Ariel Berliner, subgerente de Producción; y a Andrea Mendes Guimaraes, jefa de Contabilidad de la TV Pública, quienes tienen cargos de planta permanente, así que las autoridades prefirieron esperar a que terminen los sumarios administrativos para echarlos.
Y a principios de mayo, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) echó al “auditor militante” de la TV Pública, Rolando Oreiro, en base a una investigación periodística de Clarín. Es que el auditor debía investigar el retiro ilegal de los $11,4 millones, pero había sido designado en forma irregular a principios de 2020, ya que había falseado su declaración jurada, omitiendo que había tomado un retiro voluntario por $2.738.469 como auditor del INCAA en 2018, que terminó de cobrar pocos meses antes de asumir en RTA.
La de Oreiro fue una situación parecida a la que se da actualmente con Asnaghi, en términos éticos y morales, ya que no puede volver a trabajar al lugar de donde tomó un retiro voluntario; aunque la gestión actual prefirió darle una designación como asesor “ad honorem” al hombre de confianza de Lufrano, que ejerce con oficina propia y dicen que trabaja gratis desde hace más de un año en el canal.
Fuente Clarin
