Minutos después de que Alberto Fernández anunciara el nuevo cierre de actividades, el oficialismo del Senado aprobó la “ley pandemia” que delega facultades al Presidente y automatiza las restricciones en todo el país en base a criterios sanitarios. Antes de la votación se confirmaron cambios, con los que el Frente de Todos apuesta a conseguir los apoyos necesarios para sancionar la norma en Diputados.
“Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias porque el virus no reconoce jurisdicciones. Necesitamos un marco regulatorio para minimizar la pandemia”, defendió Fernández durante su discurso en cadena nacional.
El texto fue aprobado por 38 votos a favor y 26 negativos.
El aliado rionegrino Alberto Weretilneck -que había criticado el proyecto- decidió acompañar después de que se incorporara el artículo que establece que en los departamentos que contienen ciudades con “condiciones sanitarias disímiles”, los gobernadores podrán “focalizar” y decidir la aplicación de medidas diferentes.
Su apoyo significa un voto más en la Cámara baja, porque el diputado Luis Di Giácomo, pertenece al mismo espacio que responde a la mandataria Arabela Carreras.
Juntos por el Cambio -que desde el inició denunció que el proyecto implica “superpoderes” y que es “inconstitucional”– votó en contra y adelantó que el tema se judicializará. “Nuevamente esta ley va a ir a la Corte Suprema y va a ser declarada inválida”, planteó la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO), quien pidió a sus pares que “no traicionen a sus provincias”.
La iniciativa fue retocada en el recinto, con aval del Ejecutivo. “Más democrático y republicano que esto en el marco de una pandemia sin precedentes, no puede haber”, defendió la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun.
Entre los cambios, se estipula un plazo claro a la delegación de facultades: hasta el 31 de diciembre.
El proyecto original establecía que iba a regir mientras “esté vigente la emergencia pública en materia sanitaria”, pero esa emergencia la prorroga el propio Ejecutivo por decreto. Los especialistas señalaban que el plazo lo debe poner quien delega el poder, y que no tenía que quedar en manos de quien los recibe.
A su vez se incorporó un artículo que plantea la presencialidad en las escuelas como principio general y la suspensión solo en casos de alerta epidemiológica, u otras excepciones dispuestas por el Consejo Federal de Educación.
También retocaron el artículo que se refiere a los gobernadores como “delegados” del Gobierno nacional. Se los nombrará como “agentes naturales” como indica el artículo 128 de la Constitución, al que hace referencia la propia norma. Esa forma había causado malestar entre los mandatarios.
Por otra parte, se estipuló que los cambios en los parámetros solo podrán hacerse “previa aprobación por mayoría simple” del Consejo Federal de Salud, que reúne a todos los ministros de Salud de las provincias y la Ciudad. Y que se creará un registro nacional de camas de terapia.
Juntos por el Cambio rechazó el texto de plano y señaló que el texto fija los mismos parámetros que el DNU que la Corte Suprema ya consideró inválido por violar las autonomías provinciales.
“No todo vale. La pandemia no es un permiso para vulnerar derechos. No hay emergencia más grave que la que pone en riesgo el estado democrático“, sentenció el radical jujeño y presidente de la comisión de Salud, Mario Fiad.
“Decían ‘basta de decretos, queremos una ley’ y ahora que estamos tratando una ley se oponen”, se quejó el oficialista Oscar Parrilli y acusó a la oposición de convertirse en “lobistas de laboratorios”.
La norma ahora deberá ser votada en Diputados, donde el oficialismo necesita sumar el apoyo de aliados para aprobarla.
El lavagnismo rechazó el proyecto también considerándolo inconstitucional, y los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti habían planteado reparos. “Toda decisión o ley que avasalle las autonomías provinciales las vamos a rechazar“, había advertido Carlos Gutiérrez, jefe del bloque Córdoba Federal.
Fuente Clarin
