El Gobierno nacional oficializó este jueves la decisión de suspender por un lapso de 30 días la exportación de carne de res, para contener el aumento sostenido del precio de este producto en el mercado interno.
Mediante la resolución 75/2021 publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso que “suspéndese, por el plazo de 30 días, la aprobación de solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), en los términos de la Resolución Conjunta N° 3 del 19 de abril de 2021” emitida por los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura.
En la normativa se exceptúa a las mercaderías destinadas al consumo y que sean exportadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros países a la Argentina, “amparados por certificados de autenticidad y/o exportación”.
La decisión fue anunciada a principios de esta semana por el presidente Alberto Fernández, quien afirmó: “No podemos seguir viendo cómo la carne crece sin ningún justificativo”.
En una reunión con exportadores de carne, el presidente advirtió que “se desmadró claramente la situación” y comentó que le pidió al sector que ayuden a poner en orden el mercado interno para luego volver a abrir”.
Justamente en los fundamentos de la resolución se indica que ante el actual avance del mercado exportador de carnes, “sus precios han experimentado un alza sostenida”, producto de la creciente demanda de dichos productos, principalmente por parte de los mercados asiáticos.
Asimismo, indicó que esta tendencia generó que los precios internos “acompañen los de exportación de la carne vacuna”, en un contexto donde el precio mundial de los alimentos ha aumentado significativamente.
Para el Gobierno, aceptar sin más, la fijación de valores del mercado internacional para alimentos locales que constituyen productos básicos de la mesa de los argentinos y las argentinas, “implicaría renunciar a los deberes básicos en materia de política económica”.
En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Productivo señaló de esta situación surge que en materia de comercialización de los productos cárnicos de origen bovino existe “una distorsión de precios que superan los índices generales de inflación en materia de alimentos”.
Al respecto, la resolución firmada por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, indicó que estos hechos también “impiden el normal abastecimiento de los consumidores y las consumidoras del mercado interno”.
Fernández, por su parte, indicó que es necesario “poner orden en quienes exportan” porque la demanda de carne para exportación tergiversa el precio del mercado interno.
La suspensión si se mantiene por 30 días implicaría una pérdida de US$240 millones para la actividad.
La medida provocó un fuerte rechazo desde los distintos sectores del campo y condujo a que la Mesa de Enlace defina un cese de la comercialización que regirá desde este jueves hasta el viernes 28 de mayo de todas las categorías de hacienda vacuna..
La decisión fue tomada por los presidentes de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria (FAA) en un encuentro virtual urgente esta mañana.
En la resolución publicada en el Boletín Oficial se advirtió que la suspensión, podrá darse por concluida una vez que se verifique “el normal abastecimiento, a precios razonables y conforme los acuerdos alcanzados”.
Una relación que se tensa por el precio de la carne
La relación entre las entidades del campo y el Gobierno se tensó cuando se anunció la creación de un nuevo sistema de registros para las ventas al exterior.
En un intento por combatir la suba generalizada de los precios, el Ejecutivo nacional había lanzado nuevos registros para exportar carne que se denominan Declaraciones Juradas de Exportación de Carne (DJEC) y se habían anunciado en abril.
Sin embargo, para el sector cárnico la medida era similar al Registro de Operaciones de Exportación (ROE) que había regulado las ventas de carne al exterior durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.
No obstante, la suspensión actual del Gobierno las exportaciones de carnes es una decisión similar a la que había tomado en marzo de 2006, durante la administración de Néstor Kirchner.
GRB
Fuente Clarin
