Fabián “Pepín” Rodríguez Simón ex asesor judicial de Mauricio Macri, permanece en Uruguay y así lo hará durante varias semanas, pese a tener un pedido de captura internacional firmado por la jueza federal María Servini en una causa donde se lo acusa de ser parte de una presunta asociación ilícita encabezada por el ex presidente. Por delante tiene 90 días para fundamentar su pedido de asilo político, y después la comisión a cargo se expedirá. Pepín renunció a su residencia uruguaya y se reunió con un juez penal que se comunicó con la Interpol para explicar la situación.
El calendario del hombre de confianza de Macri indica que por delante le quedan poco más de tres meses hasta que se defina su situación. Fabián Rodríguez Simón es investigado como parte de una supuesta maniobra de “hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo”, propiedad de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Este miércoles la jueza Servini pidió su captura internacional, congeló sus cuentas bancarias y ordenó una inhibición general de bienes. Además, le solicitó vía exhorto a la justicia uruguaya que le prohíba a Rodríguez Simón salir de ese país.
La orden firmada por la magistrada, se conoció días después de que el ex asesor de Macri, señalado como su operador judicial, solicitó asilo político en Uruguay como refugiado, al sostener que es víctima de una persecución de la actual gestión y que sólo buscan detenerlo.
“No voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, aseguró el diputado del Parlasur -tiene mandato hasta diciembre de este año-, y que fue denunciado por legisladores del oficialismo por su presunta participación en la denominada “mesa judicial” que, según el Frente de Todos, funcionó durante la administración de Cambiemos con el fin de perseguir a dirigentes kirchneristas.
Cuando este miércoles se conoció la orden de la jueza Servini, Rodríguez Simón se presentó ante un juez penal uruguayo y le explicó su situación: en pocas palabras le dijo que como ya había solicitado ser un refugiado político, hasta tanto haya un pronunciamiento de la Comisión técnica a cargo del tema, no puede ser detenido. Pepín pidió que se “bloqueara la captura ordenada”, explicaron fuentes del caso a Clarín. Por ello el magistrado se comunicó con la Interpol para plantear el caso.
Su pedido, formulado a comienzos de esta semana, se realizó “en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias”. Ahora, Rodríguez Simón cuenta con noventa días para fundamentar su pedido de asilo político, y después de dar a conocer sus argumentos la Comisión de Refugiados (CORE) a cargo del tema, analizará todo para luego decidir si le concede el status solicitado o no.
Esa es la primera instancia administrativa, pero como ya hay un pedido formal, Pepín le dijo al juez que como refugiado no pueden permitir que se lo capture. “Estoy libre y a derecho de la justicia de Uruguay”, explicó ante el magistrado. En caso de aceptarlo como refugiado político, y darle esa condición jurídica, se le deberá proporcionar un pasaporte, ya que al solicitar asilo ya no puede utilizar la documentación expedida por Argentina.
Ante la Comisión, Pepín ya presentó el cuerpo principal de sus fundamentos, y en estos días irá sumando elementos.
La jueza Servini sostuvo que los delitos que por los qu se investiga a Rodríguez Simón de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público –aún no determinada fehacientemente– no puede ser entendida como suficiente para estos fines”. Entonces, dijo que el planteo de Rodríguez Simón “es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida de cautela personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”.
El expediente se inició con la denuncia Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López en el Grupo Indalo, y allí se investiga si se “habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos)”.
En la denuncia se acusó al ex presidente Mauricio Macri de encabezar una asociación ilícita con la finalidad de vaciar al grupo empresarial que pertenece en un 70% a Cristóbal López. Ambos empresarios denunciaron que la detención ordenada sobre ellos, como la quiebra de Oil Combustibles -principal activo del grupo-, fueron maniobras persecutorias. La petrolera fue denunciada en el fuero penal, por la falta de pago del impuesto a los combustibles, y en el fuero Civil y Comercial, tramitó su quiebra.
En ese contexto la jueza llamó a indagatoria a Rodríguez Simón.
Sin embargo, y aunque la fecha para la indagatoria de Rodríguez Simón era recién el 17 de junio , la magistrada consideró que su pedido de refugio político en Uruguay calificaba para declararlo en rebeldía, y por ello ordenó su captura.
Fuente Clarin
