El Senado le dio hoy media sanción a la “ley pandemia”, que delega facultades al Presidente y automatiza las restricciones en todo el país en base a criterios sanitarios. Pero la escena que se viralizó en las redes sociales se dio cuando terminó la votación, porque Cristina Kirchner tuvo un urgente antojo de helado.
“Se cerró la votación”, anunció la vicepresidenta, y reinó el silencio por unos segundos. Hasta que le surgió una duda trascendental con el micrófono abierto: “¿A qué hora cierra Rapanui?”.
Ante la repregunta de uno de sus colaboradores, la ex presidenta de la Nación recalcó: “lo tengo a veinte metros de casa”.
Claro, hay una sucursal de la conocida cadena a escasos metros de su departamento de Recoleta, ubicado en Juncal y Uruguay.
Apenas sucedida la descolocada situación, Rapanui se convirtió en tendencia en Twitter.
Seguramente tuvo que correr para conseguir su postre la vicepresidenta, ya que su consulta fue a las 22.28 y el horario de cierre es a las 23, debido a las restricciones vigentes. Antes de las medidas, según informa la sucursal, atendía hasta la 1.
En las redes, algunos se sintieron identificados con su necesidad golosa cuando se aproxima el fin de la jornada laboral, otros se sorprendieron de que tuviera registro de sus negocios de cercanía y no pocos pensaron en la contradicción de pensar en darse un gusto mientras se votaban restricciones que afecta a comercios, ya muy afectados en pandemia.
El proyecto aprobado por el Senado
Antes de las disquisiciones gastronómicas de Cristina Kirchner, el Senado aprobó una “ley de pandemia” que debió modificarse antes de la votación.
Las modificaciones fueron realizadas con la vista puesta en conseguir la aprobación también en Diputados. Este jueves, el texto fue aprobado por 38 votos a favor y 26 negativos.
“Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias porque el virus no reconoce jurisdicciones. Necesitamos un marco regulatorio para minimizar la pandemia”, defendió Fernández durante su discurso en cadena nacional, transmitido un par de horas antes de la votación.
Juntos por el Cambio -que desde el inició denunció que el proyecto implica “superpoderes” y que es “inconstitucional”– votó en contra y adelantó que el tema se judicializará.
“Nuevamente esta ley va a ir a la Corte Suprema y va a ser declarada inválida“, planteó la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO), quien pidió a sus pares que “no traicionen a sus provincias”.
Entre los cambios, se estipula un plazo claro a la delegación de facultades: hasta el 31 de diciembre.
El proyecto original establecía que iba a regir mientras “esté vigente la emergencia pública en materia sanitaria”, pero esa emergencia la prorroga el propio Ejecutivo por decreto.
Los especialistas señalaban que el plazo lo debe poner quien delega el poder, y que no tenía que quedar en manos de quien los recibe.
A su vez se incorporó un artículo que plantea la presencialidad en las escuelas como principio general y la suspensión solo en casos de alerta epidemiológica, u otras excepciones dispuestas por el Consejo Federal de Educación.
También retocaron el artículo que se refiere a los gobernadores como “delegados” del Gobierno nacional. Se los nombrará como “agentes naturales” como indica el artículo 128 de la Constitución, al que hace referencia la propia norma. Esa forma había causado malestar entre los mandatarios.
Por otra parte, se estipuló que los cambios en los parámetros solo podrán hacerse “previa aprobación por mayoría simple” del Consejo Federal de Salud, que reúne a todos los ministros de Salud de las provincias y la Ciudad. Y que se creará un registro nacional de camas de terapia.
Juntos por el Cambio rechazó el texto de plano y señaló que el texto fija los mismos parámetros que el DNU que la Corte Suprema ya consideró inválido por violar las autonomías provinciales.
DB
Fuente Clarin
