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El senador nacional Gerardo Antenor Montenegro está siendo investigado por la Unidad de Información Financiera y la Procelac, acusado de liderar desde las sombras una red de cooperativas que percibió $ 72 millones del gobierno de Santiago del Estero, provincia que él representa en la Cámara alta.
Montenegro, de 60 años y que asumió en su banca por el PJ en 2013, y revalidó ese cargo en 2019, por otros seis años más, tiene una larga trayectoria en Santiago del Estero como dirigente gremial, siendo titular de la filial provincial de UPCN desde 1998. Además, es el presidente del club Quimsa, de exitoso presente deportivo en el básquet nacional y sudamericano.
Según investigaron la UIF y la Procelac, Montenegro encabeza ese grupo de cooperativas, de las que extrajo el 95% de los fondos en efectivo de los bancos. Una de las cooperativas se denomina Solidaridad, y según revela el portal Infobae tiene estrecha relación con su esposa, María Teresa Sciolla, y con uno de los hijos de ella, Javier Sciolla.
La maniobra sumaría también a varios miembros de la cooperativa, que actualmente figuran como empleados en el Senado de la Nación, asistiéndolo, mientras que otros lo hicieron en Santiago del Estero o en UPCN, el gremio que el lidera en esa provincia.
En el caso de su esposa, según revelaron UIF y Procelac, habría visitado el Casino de Buenos Aires 74 veces en los últimos seis años, logrando más de $ 8 millones en ganancias. La investigación busca saber si sus visitas al Casino fueron parte de un plan para lavar dinero.
Sciolla también es empleada de la Cámara alta, desde 2014. poco después que su pareja asumiera la banca como senador. Desde la cooperativa Solidaridad, con la que se la relaciona, habría gestionado un préstamo a una SRL llamada JMSC, de la cual son titulares ella y su hijo.
Esa firma adquirió, de acuerdo a la UIF, una camioneta Jeep Renegade Sport 1.8, en 2017, y dos años después un BMW 503 221i Cabrio, vehículos que estaban autorizados a manejar por el hijo de Sciolla, o por el propio Montenegro, en el segundo caso. El senador no incluyó esos bienes en su última declaración jurada, que en 2019 arrojó un patrimonio de poco más de $ 13,8 millones.
En las últimas horas, Montenegro negó ante el diario local El Liberal estar involucrado en un “caso de lavado de activos o de alguna causa judicial”, y sostuvo que “nunca tuve conocimiento sobre la misma y tampoco recibí notificación alguna al respecto”. La denuncia en su contra por presunto lavado de dinero recayó en la Fiscalía Federal 2 de Santiago del Estero, a cargo de Cecilia Indiana Garzón, vinculada con el kirchnerismo y de diálogo frecuente con el titular del Ministerio de Justicia, Martín Soria.
Fuente Clarin
