Abandonó la ciudad china de Fujian en 2005. Trabajaba en el campo, cultivando verduras. Su padre se había endeudado y la plata que él ganaba no alcanzaba. Apostó por Argentina. Viajó solo y su primer empleo fue en el supermercado de un conocido, en La Plata. Dos años después, abrió su local en la Ciudad y trajo a su esposa y a su hijo.
Pero las cosas empezaron a salir mal: las ganancias eran escasas y sufrió incontables robos. Un proveedor le pasó un dato que lo ilusionó: un comerciante chino vendía el fondo de comercio de su supermercado en Lugano. Lo compró en 2014 con la ayuda de dos hermanas. Nunca imaginó que esa mudanza lo llevaría a pasar un año detenido, acusado de trata de personas.
La historia de Lin Wan (51) demuestra que decisiones policiales y judiciales equivocadas pueden trastocar una vida, al límite de arruinarla. Tras pasar 344 días detenido, afrontó un proceso que culminó en mayo de este año con su absolución. “Construyeron una causa en base al prejuicio”, asegura su abogada, Déborah Huczek.
El comerciante chino fue detenido en 2017. Cuatro años antes, la Policía de Seguridad Aeroportuaria había detectado una encomienda con destino a China que contenía pasaportes adulterados. Ese paquete había sido despachado desde una oficina del Correo Argentino. Cuando identificaron a la persona que realizó el envío, descubrieron que tenía domicilio en Tristán Suárez y que en 2010 había informado otra dirección sobre la calle Santander (la dirección exacta se preserva), en Villa Lugano.
Lin Wan junto a su abogada y el traductor de parte que participó en el juicio, tras la absolución.
Tras varias discusiones sobre quién debía hacerse cargo de la investigación, el expediente recayó en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena.
El magistrado convocó a la División Trata de Personas de la Policía Federal, que comenzó con las tareas de inteligencia en los locales de Lugano y Tristán Suárez, a pesar de que un informe de PSA había indicado que no había relación entre los dos lugares: Lin había adquirido el fondo de comercio un año después de que se secuestraran los pasaportes.
Los agentes no encontraron en ninguno de los dos lugares a la persona que buscaban, pero comenzaron a reportar sobre movimientos dentro del supermercado de Lin que podrían ser compatibles con los delitos de trata y explotación laboral.
Luego los policías contarían durante el juicio que habían observado a un menor de edad trabajando en la caja y a otras personas con rasgos orientales haciendo distintas tareas. También mencionaron que cuando cerraba el local nadie salía, por lo que concluyeron que vivían allí.
Con esos indicios, el juez Villena ordenó allanar el supermercado de Lugano. Fue el 29 de agosto de 2017. En el local encontraron a las presuntas víctimas del delito: dos hombres y dos mujeres mayores de edad, más un menor de 13 años que los policías habían visto en la caja. La investigación ya demostrada su primer flanco: ese chico era el hijo de Lin y estaba en ese momento en el comercio por el receso escolar de invierno. Su mamá, esposa del comerciante, había viajado a China.
En base a las entrevistas realizadas por las psicológicas convocadas por al División de Trata, quienes ante la ausencia de un traductor tuvieron que contar con la colaboración de un empleado de Migraciones que sabe chino mandarín, se determinó que las presuntas víctimas eran familiares de Lin -dos sobrinos mayores de edad con sus esposas- y que estaban sometidas a condiciones de explotación.
El juez Villena acusó al comerciante de engañar a esas personas con ofertas fraudulentas de trabajo para que viajaran desde China y, una vez en Argentina, alojarlas en la planta alta del supermercado, a cambio de obligarlos a realizar “largas jornadas de trabajo sin percibir salario alguno”.
En el pedido de elevación a juicio, el magistrado aclaraba que no era posible “efectuar un relato preciso de los hechos en razón de las dificultades derivadas de la barrera idiomática y de la reticencia a brindar información por parte de quienes, en este proceso, han sido identificados como víctimas de las hechos investigados”.
“Prejuicio y trato xenófobo”
El juicio oral estuvo a cargo del Tribunal Oral N° 1 de La Plata, integrado de forma unipersonal por el juez José Antonio Michilini. Comenzó el 26 de febrero de este año y se desarrolló durante 9 audiencias, realizadas de forma virtual y presencial.
Lin llegó en libertad al juicio. Durante su declaración aseguró que no conocía al hombre que había despachado la encomienda con los pasaportes y explicó que cuando decidió comprar el fondo de comercio del supermercado de Lugano tuvo que pedir ayuda económica a dos hermanas que viven en China. Cada una de ellas puso el 20% de la inversión.
Tiempo después, explicó, llegaron sus sobrinos con sus esposas. Dijo que él los ayudó a comprar camas, un aire acondicionado, ropero y sábanas. Aseguró que colaboraban en el negocio sin horario fijo y que las ganancias se repartían en un 20% para cada uno de sus sobrinos, quienes controlaban la inversión de sus madres.
Los relatos de las presuntas víctimas -quienes declararon sin la presencia de los imputados y asistidos por personas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas damnificadas por el Delito de Trata- respaldaron los dichos de Lin.
Uno de sus sobrinos contó que había decidido viajar a Argentina junto a su esposa porque unos amigos le habían dicho que en el país “era muy fácil generar ingresos”. Al llegar se alojó en la casa de su tío, encargado del supermercado en el que su mamá había invertido dinero. Dijo que no trabajaba allí, aunque admitió que colaboraba con algunas tareas. Contó que estudiaba español cerca de Plaza Miserere y que podía entrar y salir con libertad del local.
Luego explicó que cuando se llevaron preso a su tío y clausuraron el mercado se quedaron sin ingresos y a cargo del hijo de Lin. La difícil situación económica los obligó a pedir un préstamo y buscar otros ingresos para subsistir.
Su testimonio y el de los otros ciudadanos chinos identificados como presuntas víctimas, llevó al fiscal Hernán Schapiro a pedir la absolución de Lin y solicitar que se investigue el accionar policial durante el allanamiento. Según denunció el comerciante, durante el operativo le robaron 390 mil pesos que tenía en el local para pagar impuestos, servicios y facturas de proveedores.
El juez Michilini decidió absolver al comerciante y dispuso levantar la clausura que hasta hoy pesa sobre el supermercado de Lugano.
“Producto de la mala actuación policial, derivada del prejuicio y de un trato xenófobo este hombre comerciante humilde, fue falsamente acusado de delitos que jamás cometió, siendo que además tampoco conocía al sospechoso. Se los metió a todos en la misma bolsa, tan sólo por ser chino”, sostuvo la abogada Huczek.
Y agregó: “Ahora nos queda reclamar por los daños y perjuicios, ocasionados por la arbitraria detención y por haber sido acusado injustamente y privado de su libertad siendo inocente”.
LM – GL
Fuente Clarin
