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Por Bernardo Vázquez
Debido a la pandemia, reforzó partidas clave del Ministerio de Desarrollo Social, como el Potenciar Trabajo y la que se encarga de la entrega de las tarjetas Alimentar.
En menos de cinco meses de 2021, el Gobierno ya agotó la mitad de todo el presupuesto destinado al gasto social y lleva un ritmo de ejecución dentro de la partida del Ministerio de Desarrollo Social que equivale a $ 800 millones por día, muy por encima del plan original e incluso de los primeros registros de este año, cuando se giraban alrededor de $ 600 millones diarios.
Se trata de fondos destinados de manera directa a programas sociales como el Potenciar Trabajo y la entrega de Tarjeta Alimentar, que han crecido exponencialmente debido al impacto de la pandemia de coronavirus.
Al 23 de mayo, transcurridos 142 días del año, a la cartera que encabeza Daniel Arroyo se han transferido desde el Ministerio de Economía $ 115.689 millones de los $ 252,626 millones que habían sido previstos para todo el ejercicio, calculado en el presupuesto que sancionó el Congreso.
Equivale al 45,8% de toda la partida, que posteriormente fue ampliada dos veces hasta $ 260.181 millones. De todas las jurisdicciones nacionales, Desarrollo Social es la que más porcentaje de fondos ha recibido: la mayoría de los ministerios promedia una ejecución del 35%.
El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con dos programas estratégicos, que representan el 88,6% de todos los fondos que agrupan. Son el denominado Políticas Alimentarias, que involucra a la entrega de Tarjeta Alimentar, y el que cuenta con los fondos del Potenciar Trabajo.
Políticas Alimentarias maneja una caja anual de $ 118.621 millones, que se encuentra a cargo de Laura Valeria Alonso, una dirigente central de La Cámpora, con mucha ascendencia dentro del ministerio, donde se desempeña como secretaria. De ese presupuesto surgen pagos, según marca el mensaje del presupuesto, destinados a “acciones vinculadas a la Tarjeta Alimentar, que consiste en una acreditación mensual de fondos” a titulares de la Asignación Universal por Hijo y otros planes. También desde allí salen recursos para la asistencia a comedores escolares.
Cifras similares administra el Potenciar Trabajo, plan que cuenta con fondos por $ 111.997 millones y depende de la Secretaría de Economía Social que lidera Emilio Pérsico, dirigente social y uno de los referentes del Movimiento Evita dentro de la coalición de gobierno. A principios de mes, Pérsico había sido muy crítico con la decisión de la Rosada de ampliar el alcance de la Tarjeta Alimentar. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, había dicho, en lo que se leyó como un pedido por programas que promuevan mayor inclusión laboral.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social aseguran que el alcance del Potenciar Trabajo abarca no sólo a movimientos sociales, sino también a instituciones religiosas, gobernaciones y a municipios que cuentan con unidades ejecutoras que nuclean a personas que reciben el Potenciar Trabajo y llevan adelante el programa.
A la fecha, el Ministerio de Desarrollo Social ya utilizó $ 115.689 millones de sus fondos anuales, según detalla el sitio oficial Presupuesto Abierto. Considerando que casi el 90% de esos recursos corresponden a los programas Políticas Alimentarias y Potenciar Trabajo, la inversión a la fecha en ellos supera los $ 103.000 millones. Hasta enero, en el portal que depende del Ministerio de Economía se podía seguir día a día el nivel de ejecución del presupuesto destinado a cada programa. Ahora, al menos en el caso de Desarrollo Social, solo el del ministerio.
El nivel de crecimiento del gasto es exponencial en lo que va de 2021. A finales de enero, cuando se conocieron los primeros datos de ejecución presupuestaria, Clarín publicó que se estaban girando $ 605 millones por día en total en concepto de asistencia social. Cerrando mayo, Desarrollo Social viene con una erogación de fondos, en promedio, de $ 809 millones por día.
Las internas en el Gobierno
La discusión sobre los planes sociales ha motivado puntos de vista bien diferentes dentro del Frente de Todos. Por caso, la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó internamente que “con los planes no alcanza”. Según le comentaron fuentes del Instituto Patria a este diario en abril, para Cristina y Máximo Kirchner “los planes, así como están, están agotados. Tenés que reconvertirlos en planes de empleo o no salís más”. No muy diferente a las declaraciones de Pérsico.
Otro referente entre los dirigentes sociales, como Juan Grabois, también fue muy crítico de la implementación de la Tarjeta Alimentar. Sin tapujos, el líder de la CTEP, la tildó como “una política estúpida”.
La grieta entre un sector del Gobierno y otro también quedó abierta cuando habló Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que reclamó el regreso del IFE, el bono de $ 10.000 que se pagó en tres tandas el año pasado para asistir a los sectores más vulnerables por la pandemia. Larroque consideró que es una herramienta “indispensable”.
Además, pese al incremento de la asistencia social y de planes de empleo, el descontento generalizado de los sectores piqueteros se hizo mayor durante este año, con protestas en aumento y marchas de rechazo a las políticas oficiales hacia el sector.
Gasto en alza hasta fin de año
El gasto en los programas clave del Ministerio de Desarrollo Social seguirán en alza en el segundo semestre del año, teniendo en cuenta que el Ejecutivo anunció que será ampliados en presupuesto y en el alcance de su asistencia.
El último jueves, cuando Alberto Fernández anunció la vuelta a una fase estricta de la cuarentena por nueve días, entre otros puntos decidió la ampliación de la Tarjeta Alimentar para familias con hijos de hasta 14 años, en una inversión mensual que el Gobierno prevé en $ 18.100 millones. En el caso del Potenciar Trabajo, los 920.000 trabajadores de ese programa cobrarán en mayo $ 12.204 y a fin de año $ 14.040, lo que representará una inversión anual estimada en $ 167.000 millones.
