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Los ex jueces Eugenio Raúl Zaffaroni y Lucila Larrandart promocionan desde la web El Cohete a la Luna su inminente pedido de juicio político a 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Ellos zafan a Elena Highton de Nolasco ya que ella no firmó la resolución que ellos cuestionan. Inviable que prospere el pedido, al menos con la actual Cámara Baja, todo apunta a incrementar la presión sobre el colectivo judicial que tiene varias causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, conocida como “A qué hora cierra Rapanui”.
No prospera en la Cámara Baja el proyecto de reforma del Ministerio Público para cesar al procurador interino Eduardo Casal y designar a quien impulse el Frente de Todos. Por un lado, sería el motivo por el que Horacio Verbitsky le vuelve a mostrar su desconfianza a Sergio Massa, presidente de Diputados, tal como si fuese su responsabilidad institucional obtener los sufragios (‘el Perro’ vive de la democracia pero no cree en ella, aparentemente), y por el otro, se promueve el pedido de juicio político de otros amigos del Instituto Patria contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En enero 2020 el proyecto era que el FdT ganara los comicios 2021 por el porcentaje necesario para conseguir la mayoría en Diputados que permitiera enjuiciar a la CSJN si no aceptaba las presiones políticas. Pero ahora todo indica que no habrá cambios importantes en la integración de la Cámara de Diputados de la Nación luego de la renovación electoral. Por lo tanto se ensayan otras posibilidades.
Los mismos que le han ‘vendido’ a CFK que es posible que prospere el pedido de juicio politico a la CSJN fueron los que le hicieron perder tiempo y energía con el llamado ‘lawfare’, una instancia política que carece de sustento jurídico. Era obvio que fracasaría el ‘lawfare’ pero sucede que el Derecho Penal tal como lo entiende Eugenio Raúl Zaffaroni tiene una interpretación básicamente social y política antes que estrictamente jurídica. Precisamente ese fue uno de sus problemas cuando integró la Corte Suprema.
Zaffaroni como gran conocedor del Derecho Penal resulta más bien una construcción ‘progre’ que siempre ubica la voluntad por sobre la razón y los números. Precisamente por eso fracasa también en su teoría económica.
Pero en el caso del pedido de juicio político contra la Corte Suprema, Zaffaroni y sus aliados están cometiendo un grave error electoral. Urgente24 ya ha advertido que lo peor que podía hacer el Frente de Todos era convertir sus enojos con la CSJN en tema de campaña porque correrían el eje hacia el riesgo institucional.
Precisamente, en 2013 ocurrió la derrota del Frente para la Victoria en Provincia de Buenos Aires (aquella lista que lideraba Martín Insaurralde), porque el Frente Renovador (que llevaba a Sergio Massa con el apoyo en territorio bonaerense de parte de la UCR y del PRO) logró promover la cuestión de la institucionalidad en riesgo, que en aquellos tiempos era la reforma constitucional para la re-re de CFK.
Verdadero o falso, poco importa. Fue lo que llevó a muchos a oponerse en las urnas a Insaurralde, CFK, Daniel Scioli y el FpV. Ahora, el riesgo es similar si la cuestión pasará por derribar a la CSJN para imponer el ‘lawfare’.
El proyecto
Zaffaroni – Larrandart solicitan juicio político a 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti), por la resolución 567/2021 en la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, por mal desempeño de sus cargos y su posible participación en los delitos de homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato.
En la citada causa, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había impugnado el DNU 241/2021, promoviendo acción declarativa en contra del Estado Nacional y solicitando que se declarase la inconstitucionalidad del art. 2° del mencionado decreto de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, en tanto disponía “la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive” en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Asimismo, solicitaba el dictado de una medida cautelar que suspendiera la aplicación de la norma citada, como así también de toda otra disposición o reglamentación dictada en su consecuencia.
Aparentemente Zaffaroni integraba la lista de quienes creían que podía prosperar un criterio que vulneraba los principios votados por los convencionales constituyentes de 1994. Pero ya se mencionó más arriba que Zaffaroni considera que, en general, todo es adaptable a las circunstancias.
No hay base científica para el reclamo de Zaffaroni y su aliada ya que la epidemiología disponible afirmará que la presencialidad escolar en Ciudad de Buenos Aires no estimuló contagio alguno. Pero ahí va el intento. Sucede que a Zaffaroni, aparentemente, le encanta perder y declararse ‘incomprendido’ o ‘campeón moral’, etc.
El pedido de juicio político concluye:
“(…) Las actuales consecuencias en esta imparable “segunda ola” están a la vista y quienes han contribuido a ella también, por lo que cabe endilgarle la responsabilidad por su contribución a la dramática situación que vivimos.
Que por ello solicitamos la intervención de la Comisión de Juicio Político y se haga lugar al juicio político de los mencionados jueces, produciendo la acusación ante el H. Senado de la Nación, como asimismo se dé intervención a la justicia a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos que señalábamos al comienzo.
El deterioro en la imagen de la Justicia ha venido siendo causado precisamente por obra de la misma y es hora que se modifique la situación para poder alcanzar un verdadero Estado Democrático de Derecho.
Por lo expuesto solicitamos respetuosamente a la H. Cámara de Diputados de la Nación que ponga en funcionamiento el procedimiento de juicio político a los jueces mencionados en este escrito.”
Fuente Urgente 24
