El éxito o fracaso de la gestión de la segunda ola de la pandemia puede medirse por la velocidad con que los gobiernos consiguieron y administraron vacunas, lo que permite evitar nuevas cuarentenas y volver cuanto antes a la normalidad.
Argentina no solo no pudo conseguir un acuerdo con Pfizer sobre finales del 2020, sino que resignó el máximo del fondo Covax, lo que podría haberle permitido conseguir vacunas para cubrir al 50% de la población. Es cierto que no es el único caso de mala praxis en la gestión; buena parte de la demora en la vacunación europea, en contraste con el Reino Unido, por ejemplo, tuvo que ver con la centralización de la gestión en cabeza de la Comisión Europea, que burocracia mediante, dejó pasar un tiempo precioso discutiendo cuanto pagar por las dosis y que tipo de contrato hacer. De hecho, la campaña de vacunación es el primer éxito claro del Brexit, que se despegó de la mediocridad europea y superó incluso en los primeros meses a Estados Unidos.
No solo contra las muertes, que es obvio, sino contra cualquier métrica resultaba conveniente acelerar la compra de vacunas a cualquier precio y con cualquier garantía. En nuevo confinamiento que acaba de anunciar el Gobierno lo obliga a hacer un esfuerzo fiscal de $ 530.000 millones; un monto suficiente como para comprar 100 millones de dosis de Moderna; una de las vacunas más caras del mercado. El monto anunciado para el Repro II, a los efectos de complementar el sueldo de los trabajadores de los sectores críticos, permite comprar casi 5 dosis de esa vacuna por cada mes de subsidio a cada trabajador. En tiempos en que miles de argentinos huyen a Miami a vacunarse gastándose cerca de US$ 3000 per capita, no se entiende como el Gobierno no puede ir a comprar vacunas para los trabajadores, en vez de pagarles $ 22.000 mensuales de Repro.
Ni hablar del costo de las terapias intensivas; el economista Pablo Olivares calculó que cubrir con dos dosis de la vacuna de Pfizer (US$ 20 por inyección) cuesta menos del 10% del costo directo diario de una cama de terapia intensiva con respirador.
El presidente Alberto Fernández dijo que las nuevas medidas restrictivas se iban a financiar con el impuesto a las grandes fortunas y el aumento en la recaudación, pero el Presupuesto 2021 ya contemplaba el incremento del 11% de la recaudación en términos reales, sin incluir a la segunda ola entre las previsiones de gastos, mientras que el tributo excepcional a los patrimonios recaudó 20% menos de lo esperado y su destino ya estaba comprometido por ley. Es cierto que el dinero es fungible y que esos compromisos son relativos, pero no se puede cubrir 530.000 millones, con los 240.000 recaudados, mucho menos si parte de ellos ya han sido asignados.
Veremos en los próximos meses cuanto cae la recaudación del gobierno en mayo y junio, en relación con marzo y abril, sin contar el ingreso del impuesto a las fortunas (la gente de Ferreres y Asociados estima una caída del producto del 7% en el bimestre), como así también cuanto se eleva el gasto y consecuentemente cuanto se infla el déficit. Es cierto que el Repro II es más acotado que el ATP y que las transferencias vía Tarjeta Alimentaria son más baratas que el IFE, pero es probable que el déficit se eleve al terreno de los 200.000 millones mensuales, desde los -57.000 que acaba de mostrar el resultado fiscal de abril.
Obviamente ese rojo será financiado mayormente con emisión, sobre todo considerando que la última licitación del Tesoro se quedó corta en 55.000 millones y que se enfrentan vencimientos de 400.000 millones en julio y agosto, meses en los que además desaparece la ventaja estacional del gasto primario porque empiezan a entrar las paritarias y hay que pagar una cuota del aguinaldo. A fines de agosto quedará un poco más claro el panorama; sabremos cuánto cayó la economía y la recaudación por las nuevas restricciones, a cuanto se elevó el déficit y que parte de los vencimientos de deuda pudieron ser cubiertos sin emitir. Hasta entonces todo será incertidumbre.
SN
Fuente Clarin
